Hacienda comenzará a notificar a partir de mañana los 632.480 expedientes sancionadores paralizados desde finales del año pasado a la espera de la entrada en vigor de la nueva ley general tributaria el 1 de julio. Los procedimientos, que deberán resolverse antes del 31 de diciembre para que no caduquen, suman sanciones por 838 millones de euros (139.431 millones de pesetas).
La ley regirá sin que lo hagan a la vez sus reglamentos, que no estarán aprobados hasta septiembre u octubre, pero el fisco opina que ésto no es problema, ya que la norma, aprobada por el Gobierno del PP, es "muy detallista". Con el objetivo de liquidar todos los expedientes, la Agencia ha creado un sistema informático capaz de enviar por correo 200.000 notificaciones diarias, dijo el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Angel Fernández Ordóñez. Pero el alud de trabajo se producirá cuando lleguen las alegaciones, lo que sucederá ya en agosto. Los afectados tienen un mes de plazo tras recibir la notificación, frente a los 15 días actuales, para recurrir. Además, tras dos intentos de comunicarse con el afectado y no lograrlo, Hacienda puede dar la sanción por notificada, lo que genera una gran conflictividad, según los asesores fiscales. Fernández Ordóñez ha previsto un plan de choque que obligará a aumentar las horas de trabajo del personal, incluidas las tardes.
Las delegaciones de Madrid, Barcelona y Valencia serán las más desbordadas. La Agencia deberá resolver 14.580 expedientes de la inspección con sanciones medias de 34.000 euros, 9.900 de aduanas, con una media de 4.000 euros y 608.000 de gestión, con una media de 500.
El ordenador comparará el antiguo sistema sancionador con el nuevo. Fernández Ordóñez aseguró que se aplicará en cada caso la sanción menos gravosa, como prevé la ley. Los expedientes deberán revisarse "caso por caso" para determinar ese aspecto, según Valentí Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
REBAJAS DE HASTA EL 25% Las sanciones no recurridas se reducirán hasta un 25% con respecto al sistema actual. Cuando el contribuyente muestre conformidad con la liquidación y la sanción y las pague, la multa efectiva será del 52,5%. Actualmente es del 70%.
La nueva ley exigirá también a los autónomos y empresas que tributan por el sistema de módulos la presentación de un registro de facturas cuando venden a otras empresas. Otro de los requisitos que entrará en vigor a partir de mañana es que las compañías exigirán un certificado fiscal a toda subcontrata.
