Algunos de los dueños de las mayores fortunas de España han recibido hace escasos días un requerimiento de la Agencia Tributaria en el que se les pide información sobre la titularidad de cuentas en Suiza, que en total suman varios miles de millones de euros. Según fuentes de un banco privado --y también de colaboradores judiciales de la Agencia Tributaria-- la información ha sido proporcionada por las autoridades francesas y procede de documentos requisados a un exempleado del banco HSBC, que robó datos sobre clientes de esa entidad con cuentas secretas en Suiza, entre los que hay fortunas españolas.

Tras el envío del requerimiento de información por parte de Hacienda se abre un plazo de 10 días, en el que el contribuyente debe dar respuesta. En la práctica, este plazo reglamentario concede al defraudador un periodo en el que puede declarar al fisco de forma voluntaria las cantidades evadidas sin dar tiempo a que la inspección le abra un procedimiento más duro.

PONERSE AL DIA La regularización voluntaria permite al contribuyente ponerse al día con Hacienda pagando las cuotas pendientes de los últimos cuatro años (los no prescritos), junto con los intereses de demora y una sanción que de ningún modo se acerca a la multa que podría derivarse de una actuación inspectora. Dadas las elevadas cuantías en juego, una regularización voluntaria puede equivaler en estos casos a evitar la apertura de una causa por delito fiscal, que podría acabar con pena de cárcel. Algunos de los mayores despachos de abogados fiscalistas del país apuran tan escaso margen de tiempo para ofrecer una salida a sus clientes.

Así, se repite la historia de hace dos años, cuando un DVD con datos sobre cuentas en Liechtenstein robados por un confidente permitieron detectar a un buen número de defraudadores, primero en Alemania y luego en otros países, como España, de donde procedían unos 1.500 titulares. Aquel episodio dio lugar a un buen número de regularizaciones voluntarias por parte de los defraudadores españoles. Otros quedaron incluidos en expedientes de delito fiscal, que fueron instruidos por el juez Santiago Pedraz.

Al menos 12.000 millones de euros están depositados legalmente en cuentas en países que la normativa española considera todavía paraísos fiscales.

La cifra proviene de los ingresos que estos estados ingresan en el Tesoro español por retenciones sobre los rendimientos del ahorro, en cumplimiento de una directiva europea. El año pasado, esta suma ascendió casi a 56 millones de euros.

MIEDO DE LOS BENEFICIARIOS La presión que surgió por parte de las mayores economías a finales del 2008 sobre los territorios con una tributación laxa causó temor a muchos beneficiarios de fondos opacos en el extranjero. La respuesta de los asesores siempre es similar: repatriar el dinero y demostrar que son capitales con una antigüedad superior a los cuatro años, el periodo a partir del cual prescriben las infracciones tributarias. Este mes ocurre con las cometidas antes del 2005.

Además, las investigaciones sobre la circulación y uso de billetes de 500 euros generaron hasta mayo unos ingresos de 900 millones de euros para Hacienda, frente a los 750 millones recaudados en todo el 2009. El fisco quiere rebajar la circulación de billetes de 500, en la que España está a la cabeza de la UE.