Las industrias españolas tendrán que gastar 5.000 millones de euros (831.930 millones de pesetas) anuales en la compra de derechos para emisión suplementaria de dióxido de carbono (CO2). Los sectores afectados y el Gobierno están de acuerdo en que el país no podrá cumplir con la reducción que el Protocolo de Kioto ha impuesto a España y buscan fórmulas para que el sobrecoste que pagarán las empresas no provoque un aumento de precios de los productos y servicios.
Los sectores industriales y energéticos reconocen la necesidad de poner en marcha el acuerdo firmado en 1997, porque es imprescindible la reducción de elementos contaminantes para evitar el efecto invernadero. Pero añaden que tendrá un coste que finalmente pagará el usuario. La UE estimó que éste sería de 32 euros por tonelada.
AREA DEL AZULEJO Según un estudio de PricewaterhouseCoopers para la industria del azulejo, este sector deberá gastar 72 millones de euros (11.979 millones de pesetas) anuales en derechos de emisión de gases. Con una cuota del 1,9%, prevé en el 2008 un descenso de la facturación del 27% por la pérdida de competitividad que supondrá el aumento de un 34% en los costes. Calculan que el margen de explotación caerá el 75%, se cerrarán 64 fábricas y se despedirá al 20% de los trabajadores (unos 5.797 empleados).
La patronal Unesa calcula que el conjunto del sector eléctrico (que concentra el 57,5% de las emisiones) deberá comprar derechos para cubrir entre 250 y 290 millones de toneladas de dióxido de carbono entre el 2005 y el 2008. Esto supondrá un coste de 7.500 millones de euros en el mejor de los casos (1,2 billones de pesetas). Fuentes del sector creen que será necesario un drástico aumento de la tarifa eléctrica. Algunos expertos barajan un alza del 7%, pero otros lo elevan incluso al 20%.
Los derechos de emisión están ya cotizando en incipientes mercados del Reino Unido y Dinamarca (a unos 11 euros por tonelada de CO2) aunque el periodo de compra no comenzará hasta el 2005, cuando entre en vigor la directiva europea que pone en marcha el mercado de derechos de emisión.
PLAN DE EFICIENCIA España se ha lanzado a un plan de eficiencia energética para intentar reducir 42 millones de toneladas anuales de CO2. La consultora estima que, aún aplicándose medidas de reducción de las emisiones, las empresas deberán comprar cada año derechos por 3.520 millones de euros (585.679 millones de pesetas). Sin esas medidas, la factura alcanzaría 5.000 millones de euros, lo que reduciría en un 12% la balanza comercial española y provocaría un descenso de la tasa de cobertura de hasta el 76%, calcula PricewaterhouseCoopers.
El Gobierno ha llamado a consulta a las empresas más afectadas (químicas, eléctricas, siderúrgicas, papel, cerámica, refino, cemento) para saber de primera mano los efectos del Protocolo de Kioto y elaborar el Plan Nacional de Asignación de Emisiones que España presentará en Bruselas antes del 31 de marzo.
Las eléctricas han sido las últimas en presentar las 20 respuestas al cuestionario remitido por la directora general de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales, Belén Cristino. Algunas compañías, con Endesa al frente, piensan que debe haber más derechos de emisión para empresas que por su volumen contaminan más. Otras, como Iberdrola, quieren que el Gobierno premie a las firmas con una política de reducción de gases efectiva.
