El ansiado por muchos derecho a una casa ya no será simple retórica o declaración de intenciones. El Gobierno andaluz aprobó ayer el primer proyecto de ley de vivienda digna, que obliga a las administraciones públicas a completar la oferta con viviendas de protección oficial (VPO) para aquellos ciudadanos con escasos recursos y que no pueden hacer frente a los elevados precios del mercado libre.

La nueva norma supone una poderosa apuesta del Gobierno regional "por el avance de los derechos sociales en un momento de crisis económica", según explicaba ayer el consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, quien recordó que el proyecto cuenta con el consenso de los agentes sociales y económicos de la comunidad, por lo que el Ejecutivo socialista --con mayoría en el Parlamento-- no tendrá problemas para sacarla adelante.

El fin de esta nueva ley es sencillo: que el esfuerzo económico para adquirir o alquilar una vivienda no supere nunca un tercio de los ingresos familiares. Así, los ayuntamientos y la propia Junta "estarán obligados" a generar una oferta "suficiente" para todos aquellos que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre.

REGISTRO Los principales beneficiarios, por tanto, serán aquellos ciudadanos que no superen los 36.000 euros brutos anuales por unidad familiar, lleven al menos tres años residiendo en el municipio y acrediten no tener derechos de disfrute de un inmueble ya existente. Además, tendrán que apuntarse en un registro público municipal de demandantes de vivienda protegida, que se creará en breve.

Este registro será el principal instrumento de trabajo de las administraciones, ya que permitirá obtener una radiografía de la escasez de vivienda en la zona. Incluirá datos como la demanda existente, el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipo se necesitan. Con la norma en la mano, los planes de vivienda que elaboren las administraciones deberán reflejar estas necesidades, y en caso contrario los ciudadanos tendrán amparo para exigir esta obligación por la vía contenciosa-administrativa.

LA FINANCIACION El consejero de Vivienda quiso resaltar ayer que no se trata de un "brindis al sol", ya que la ley cuenta con financiación. Para empezar, el plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012 de la Junta recoge ya inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros, mientras que el programa de estrategia de competitividad en Andalucía prevé otros 2.277,4 millones.

En la actualidad, los ayuntamientos deben destinar un mínimo del 30% del suelo a VPO. Ahora tendrán dos años para especificar las medidas que permitan ejercer este derecho y las modalidades de ayuda.

El PP se opone porque teme que al final sean los consistorios los únicos que se esfuercen en garantizar este derecho.