La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho pública una guía sobre contratación pública y competencia. El objetivo es ayudar al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a detectar, frenar y denunciar las prácticas fraudulentas en las que un grupo de empresas se ponen de acuerdo para repartirse los contratos públicos o elevar el precio de estos.
A partir de estudios internacionales, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, consideró ayer que esta práctica, conocida como bid ridding (pujas amañadas), podría estar contaminando a alrededor del 10% de la contratación pública total (que suma 150.000 millones al año). Estos estudios calculan que el bid ridding se traduce en una elevación media de los precios del 20%, por lo que acabar con ello permitiría ahorros de unos 3.000 millones, según Berenguer.
En la actualidad, la CNC mantiene abierto un expediente sancionador contra 53 empresas del sector de la construcción por posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos de reparto de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras. Berenguer animó ayer a funcionarios y empresarios a denunciar nuevos casos.
