La vuelta a la normalidad desbloquea algunas de las grandes reformas pendientes de la economía española que habían quedado en suspenso por la urgencia de la pandemia, entre ellas, la reforma de las pensiones. La Comisión de evaluación y seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo retoma hoy sus trabajos con una nueva reunión en el Congreso, la primera desde el inicio de la crisis del covid-19 y la declaración del estado de alarma hace cien días.
Esta comisión, presidida por la exministra del PSOE Magdalena Valerio, fue una de las últimas que celebró reuniones antes de que la Cámara Baja decidiera suspender su actividad tras el positivo del diputado de Vox Javier Ortega-Smith, el primer caso de coronavirus conocido en el Congreso.
De esa forma, hoy, los grupos esperan retomar las conversaciones iniciadas al poco de que echara a andar la legislatura, cuando todas las formaciones se comprometieron a iniciar los trabajos desde el punto en el que lo dejaron el año pasado, cuando no fue posible alcanzar un acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones.
Los trabajos se quedaron sin cerrar a falta de unos pocos flecos, después de que Unidas Podemos, ahora en el Gobierno de coalición, planteara la presentación de más votos particulares de los previstos, con el consiguiente desmarque del Partido Popular y Ciudadanos del borrador que estaba encima de la mesa.
El Gobierno y los agentes sociales reclamaron cerrar este mismo año un acuerdo con el que empezar a adoptar medidas en materia de pensiones.
Esta misma semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pidió un acuerdo para poder revalorizar las pensiones en un nuevo marco legal y recordó cómo al poco de llegar al cargo, en el mes de febrero, percibió en conversaciones con los grupos la posibilidad de alcanzar acuerdos para «modificar realmente rápido la Ley General de Seguridad Social». También los sindicatos han llamado al consenso político y, en el caso de CCOO, directamente ha apremiado al Gobierno a que acabe antes de fin de año con la reforma de pensiones aprobada por el PP en el 2013.
Además de retomar el diálogo político y establecer un método de trabajo con la vuelta de la actividad parlamentaria, los grupos también tendrán que poner fecha a la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, que aún no ha comparecido ante la Comisión.
