El Gobierno sigue haciendo retoques para ajustar las medidas destinadas a ayudar a las personas más afectadas por la crisis. El Consejo de Ministros mejoró ayer la disposición aprobada el pasado noviembre para que se pueda aplazar el pago de las hipotecas a los trabajadores que se quedan sin empleo, a los autónomos que han cerrado su negocio y a los pensionistas. Todos ellos podrán congelar el 50% de la cuota durante tres años en vez de dos como en un principio se había previsto. Contarán con el apoyo de un aval parcial del ICO para llegar a un acuerdo con el banco que dio el crédito, que tiene la última palabra.
La medida, que entró en vigor después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo anunciara públicamente no funcionaba como al Ejecutivo le hubiera gustado y había recibido críticas del sector bancario. El objetivo era permitir a los parados, a los autónomos que se han visto abocados a cerrar su negocio por la crisis y a las personas que tras perder su pareja pasan a depender de una pensión aplazar hasta el 1 de enero del 2010 el 50% del recibo mensual de la hipoteca. Pasado este plazo, estos colectivos tendrían 10 años para devolver las cantidades pospuestas.
DIFICULTADES La medida debía entrar en vigor el 1 de enero del 2009. El Ejecutivo calculaba que con 3.000 millones gestionados a través del ICO, destinados a avales, se podían beneficiar 250.000 titulares de hipotecas. Pero la medida no echó a andar hasta el 8 de enero y las adhesiones de las entidades bancarias --solo 35 de 354-- se produjo a finales de enero. Algunos bancos y cajas mostraron su disgusto porque el Estado avalaba solo el 8% de las cantidades aplazadas.
Al final, el ICO ha anunciado que garantizará hasta el 12% de estas cantidades pospuestas. Además, el Gobierno ha decidido recuperar el tiempo perdido por estos ajustes y sitúa el contador de la iniciativa en el 1 de marzo de este año para que hasta el 28 de febrero del 2011, los colectivos a los que se dirige la medida paguen solo la mitad de las cuotas.
Será el 1 de marzo del 2011 cuando, los que se hayan acogido a la propuesta, empezarán a pagar otra vez el 100% de su cuota hipotecaria pero dispondrán de un año más para devolver las cantidades aplazas.
Los beneficiarios de la iniciativa tendrán 15 años para restituir todo el montante de la hipoteca pospuesto, cinco más que cuando se aprobó la medida. Dispondrán de un periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2012 y el 1 de marzo del 2027.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entiende que los bancos actúen con cautela porque es necesario mantener la solvencia del sistema financiero, sin embargo, les pidió un esfuerzo adicional para atender la demanda del crédito.
