El Gobierno francés ha desplegado su celo fiscalizador con los parados del país al publicar casi a escondidas, el 24 de diciembre, en el Diario Oficial, un decreto que permite a los inspectores del Ministerio del Empleo acceder a los ficheros de la administración fiscal para comprobar si algunos perceptores del desempleo son "sospechosos de fraude".
Un regalo de Navidad vivamente criticado por las fuerzas sindicales y los partidos de izquierda. La prensa también ha sido especialmente dura. El diario Libération , por ejemplo, titulaba: "¿Para cuándo el brazalete electrónico para los parados?"
La fecha de publicación del decreto, firmado por el primer ministro, Dominique de Villepin, y los titulares de Economía y Empleo, ha sido justificada por el ministerio directamente responsable por la necesidad de obtener la aprobación de la Comisión Nacional Informática y Libertades. Ello no impide que haya tenido el efecto de una bomba. "Nadie apoya el fraude, es evidente, pero publicar un decreto facilitando el control de los parados cruzando los ficheros informáticos puede considerarse una forma de estigmatización", lamenta el secretario general de Fuerza Obrera, Jean-Claude Mailly.
"Clima de desconfianza"
Por su parte, el Partido Comunista Francés se ha escandalizado de que el Gobierno se lance a "una verdadera caza de los parados" e instaure "la presunción de culpabilidad en un clima de desconfianza". Mientras, el secretario confederal de la CFDT, Rémi Jouan, considera el texto "más torpe que amenazante", y se queja sobre todo de que el Gobierno haya tocado la legislación laboral sin concertación. La CFDT considera, además, que el "Gobierno se pasa" en un momento en que la situación es especialmente dura para los parados franceses.
Los primeros interesados, los que buscan a veces desesperadamente un empleo (más del 10% de la población activa en Francia), oscilan entre la ira y la depresión. "Nos sentimos literalmente perseguidos y humillados", comenta Bernard, un joven militante de la asociación Acción Contra el Paro (AC). Para el portavoz de AC, Marc Moreau, se trata de una operación muy bien organizada para "obligar a los parados a aceptar cualquier trabajo" gracias a un dispositivo de presión. El Ministerio de Trabajo ha protestado por la mala interpretación de esta medida.
