El presidente de la patronal constructora Seopan, David Taguas, se sumó ayer a la propuesta de implantar un contrato laboral único con una indemnización por despido creciente en función de la antigüedad.

El exdirector de la Oficina Económica del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió la urgencia de una reforma laboral y de un mayor gasto en inversión pública para evitar que el desempleo supere el 22% de la población activa en el primer trimestre del 2011. Es en esa fecha donde Taguas y otros expertos sitúan el punto más grave del desempleo que, en el primer trimestre del 2009, ya ha superado los 4 millones de parados (el 17,3% de la población activa).

En un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), quien ha asesorado durante años a Zapatero opinó que el Gobierno debe "liderar" el diálogo social para sacarlo de la actual situación de bloqueo que impide cualquier medida de reforma del empleo.

Por su parte, el presidente del Gobierno proclamó el domingo, en Pontevedra, que el Ejecutivo no pactará "ni el despido más barato, ni el recorte de la protección social", y advirtió contra las voces que "se multiplicarán" pidiendo abaratar el despido. Taguas explicó que su propuesta "no merma los derechos de nadie", pues el contrato único solo regiría para los nuevos empleados. Además --añadió-- es una medida para reforzar los derechos de los trabajadores temporales, cuya baja indemnización por despido (ocho días) les convierte en la principal víctima del desempleo. "Si queremos una sociedad más equitativa, esta medida no debería molestar a nadie", opinó.

El contrato único que ayer defendió Taguas coincide, en general, con el que la semana pasada presentó un grupo de 95 economistas coordinados por Fedea. Es diferente del que plantea la patronal CEOE, que no incluye una indemnización creciente (plantea ocho días los dos primeros años y 20 días por año, todos los demás) y que no implica la desaparición del contrato temporal.

PLAN La estrategia anticrisis de Seopan incluye un ambicioso plan de infraestructuras, con una inversión pública adicional de un punto del producto interior bruto (PIB) --unos 11.000 millones de euros-- cada año, durante varios ejercicios consecutivos.

Además, se plantea una rebaja de cotizaciones sociales compensada por un aumento del IVA, así como impulsar la liberalización de los servicios.