"Vamos a terminar esta protesta tal y como la empezamos", dice frunciendo el ceño Fernando Collado, empleado de Sintel y miembro de la asociación de trabajadores de la antigua filial de Telefónica. Fue un 3 de agosto del 2001 cuando los exempleados de Sintel empezaron a recoger el campamento tras 188 días de lucha en el madrileño paseo de la Castellana.
Fernando Núñez, compañero de Collado, explica que el próximo 27 de marzo habrá una manifestación en Madrid para preparar una marcha que llevará a cientos de trabajadores de Sintel a la capital. Han elegido mayo para que coincida con las elecciones autonómicas.
Los 1.050 trabajadores pendientes de recolocación y la mayoría de los 470 prejubilados de Sintel llevan dos años atravesando su desierto tras el líder de la asociación, Adolfo Jiménez. La Asociación de Trabajadores de Sintel ha creado una sociedad laboral, Sintratel 2002, como último recurso.
La asociación quiere arrancar a Telefónica contratos para Sintratel 2002. Núñez revela que la asociación propuso a Telefónica en diciembre olvidarse de la querella contra el antiguo presidente de Telefónica, Juan Villalonga, a cambio de ayuda para Sintratel 2002. Telefónica dice que no le gusta el trato.
Los trabajadores aceptan que el Ministerio de Trabajo obró bien al aportar casi 73 millones de euros (12.113 millones de pesetas) en ayudas extraordinarias para prejubilar a 470 trabajadores, y que los 1.600 empleados cobraron 1,7 millones de pesetas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero la asociación ha impugnado otros puntos. Y acusa a Telefónica de no recolocar a los trabajadores.
Es difícil contactar con trabajadores de Sintel que no pertenezcan a la asociación. José Manuel Aparicio, de León, dice que Adolfo Jiménez "maneja la asociación como una secta, no deja coger trabajos y al que lo hace lo echan". Además, Trabajo reclama a los prejubilados 2,9 millones de euros (480 millones de pesetas) que debían cobrar del Fogasa pero que están ingresados en la asociación.
