Cada uno de los 4.050 prejubilados de Izar costará al Estado una media de 320.000 euros (53,2 millones de pesetas) o, lo que es lo mismo, 24.600 euros cada ejercicio durante 13 años. Esta cifra responde a una primera valoración del Gobierno, para la que ha dispuesto partidas presupuestarias. Pero las mejoras que acumulen en sus remuneraciones los trabajadores afectados desde los 52 hasta los 65 años podrían elevar más la cifra final.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentó el jueves ante el Ministerio de Trabajo los expedientes de regulación de empleo de los 11 centros que componen todavía el grupo de astilleros públicos Izar. Este expediente prevé bajas voluntarias incentivadas --aunque con la autorización de la dirección de Izar-- y prejubilaciones obligatorias para todos los trabajadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1952 y que, por tanto, al finalizar este año tengan cumplidos los 52 años. Además deberán demostrar una antigüedad mínima de cinco años en la empresa.
Cada trabajador cobrará el 76% de su sueldo bruto hasta alcanzar los 65 años que marca la ley para la jubilación aunque los sindicatos y la SEPI deberán pactar los conceptos de la nómina que se tendrán en cuenta para determinar ese salario.
El 10 de enero, los sindicatos y la SEPI se volverán a reunir para iniciar el periodo de alegaciones. El problema será cubrir algunos puestos vacantes tras las prejubilaciones. Por ejemplo, de Fene deberán marcharse 735 trabajadores de los 1.115 que hay en plantilla, de Gijón 212 de 424, de Manises 165 de 329 y de Sestao 633 de 1.217.
TRABAJO HASTA EL 2010 Los sindicatos barajan fórmulas de reposición de plantillas, aunque no hay nada decidido ya que la Comisión Europea podría poner pegas a la contratación de personal. Los centros de Izar tendrían carga de trabajo hasta el 2010, según las centrales.
