El presidente del SCH, Emilio Botín, negó ante la juez Teresa Palacios en enero del 2003 que hubiera querido echar del banco al excopresidente de la entidad José María Amusátegui "por una lucha de poder" tras la fusión del Santander y el Central Hispano.

Botín explicó que, tras la fusión, firmó un contrato con Amusátegui en el que se regulaban las condiciones de su jubilación prevista para febrero del 2002. Ese contrato no tendría validez hasta que no fuera aprobado por el consejo de administración del nuevo banco, ya que debía ser pagado "contra dinero de los bancos fusionados".

En agosto del 2001, Amusátegui decidió adelantar su jubilación "por considerar que su función estaba cumplida", según Botín. Por ello, el excopresidente pidió que se "realizara lo que estaba previsto hacer dentro de cuatro meses". El contrato, según el presidente del SCH, fue aprobado por los órganos de gestión del banco y por el Banco de España.

Botín explicó que en la memoria del banco, que fue aprobada por la junta de accionistas, en junio del 2002, no se detallaron "los términos del contrato" porque no lo exige "ningún artículo de los estatutos" internos. Además, justificó que en esa memoria sólo figurara la cantidad y el concepto y no se identificara "a la persona receptora por razones de intimidad personal".