El presidente del PP, Mariano Rajoy, se mostró partidario ayer de "modificar la regulación de las cajas de ahorros para evitar que haya injerencia política".
Desde su punto de vista, ése es el camino que deben seguir los políticos frente a estas instituciones de ahorro. Sin embargo, el nuevo Estatuto catalán "da un paso en la pésima dirección" porque, en su opinión, permite a la Generalitat catalana elegir a los presidentes de las cajas, según manifestó ayer en la emisora catalana Catalunya R dio.
En el 2002, durante el segundo mandato de José María Aznar, el PP ya introdujo algunas reformas en la ley financiera que afectaron a las cajas. De un lado, se redujo la presencia de representantes políticos en sus órganos de gobierno; además, se excluyó de la tutela autonómica a las cajas de origen religioso, lo que ayudó a la Cajasur en su batalla con el Gobierno socialista andaluz; y también se estableció un límite de edad para los consejeros de las cajas, que permitió a CiU retirar a Josep Vilarasau de la presidencia de La Caixa.
INTERVENCIONISMO En su polémica conferencia del lunes en el auditorio de La Caixa, Rajoy aludió a dos preceptos del nuevo Estatuto catalán en los que se abre la puerta a un gran intervencionismo de la Generalitat catalana en las cajas.
El primero es el punto 8 del artículo 44, en el que se atribuye a la Generalitat la potestad de "promover" la contribución social de las entidades a las estrategias sociales de los "diversos territorios de Cataluña". Ahora, ya hay un comité mixto Gobierno catalán-cajas que orienta cada año el destino de parte de los recursos de su obra social.
El segundo punto es el artículo 117, en el que se atribuye a la Generalitat catalana "competencia exclusiva" en seis aspectos de las cajas: determinación de sus órganos rectores y en cómo deben representar a la sociedad; el estatuto jurídico de los consejeros; el régimen jurídico de creación y liquidación de entidades; la potestad administrativa sobre sus fundaciones; la regulación de las agrupaciones de cajas cuando entre ellas haya una con domicilio en Cataluña; y la supervisión del proceso de emisión de cuotas participativas.
SIN OBJECIONES En su dictamen sobre el Estatuto, el Consejo Consultivo hizo una sola observación en los capítulos sobre las cajas. Se pronunció contra la quinta competencia por entender que, si otras autonomías asumieran las mismas competencias, en una fusión se produciría inseguridad jurídica: la misma entidad estaría bajo legislaciones distintas.
En la misma entrevista y en relación a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, Rajoy contestó que, si fuese "presidente del Gobierno, pediría informes a la CNE, al Tribunal de Defensa de la Competencia y a las instituciones europeas, y no tendría más criterio que la defensa de los consumidores". Si los informes fueran favorables, "no tendría ningún inconveniente, siempre y cuando los accionistas de Endesa la aceptasen". No obstante, entiende que el planteamiento de la fusión supone que Endesa y Gas Natural, por una parte, e Iberdrola, por otra, se dividirían España "en pedacitos".
La cena que siguió a la intervención de Mariano Rajoy el pasado lunes en la sede central de La Caixa no consiguió relajar el ambiente, y ambas partes mantuvieron las distancias.
