Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, es capaz de salir seco de una piscina llena de agua. Ayer lo demostró en la subcomisión parlamentaria del Pacto de Toledo que debe reformar las pensiones cuando fue capaz de apoyar al PP y a CiU en su petición de que se aumenten los años para calcular la jubilación sin apenas mojarse.

La mayoría de los partidos en el Pacto de Toledo querían saber ayer la opinión de Granado sobre la necesidad de aumentar el cómputo de años cotizados para calcular la pensión. La propuesta del PP y de CiU es que se pase de los últimos 15 a 20 años. Granado reconoció que "hay que avanzar en modelos de cómputo de las pensiones de jubilación que permitan aumentar la equidad entre lo que el trabajador aporta y lo que recibe", para añadir que el Pacto de Toledo debe hacerlo con acuerdo. Y poco más le sacaron los diputados.

Sí fue más contundente al afirmar que los trabajadores despedidos al final de su vida laboral, después de largos años de cotización por la base máxima, deberían tener un cálculo distinto de su pensión, pero lo dijo a la salida de su comparecencia.

También fuera del Parlamento fue más explícito cuando aclaró que los prejubilados no son parados en sentido estricto ya que la ley a veces les impide aceptar un trabajo como en el caso del expediente de empleo de Telefónica. En otros casos, se acercan más a un demandante de mejora de un empleo ya que no tienen obligación de aceptar una oferta. Los agentes sociales serán quienes decidan si los prejubilados deben seguir contabilizándose como desempleados.

Lo que quería el secretario de Estado transmitir a los diputados es que deben seguir proponiendo reformas, contando con los empresarios y con los sindicatos, que no sean traumáticas. Por ejemplo, que se articulen incentivos fiscales para los trabajadores que quieran alargar la edad de jubilación por encima de los 65 años.