El financiero Javier de la Rosa admitirá hoy su participación en la apropiación indebida continuada de casi 70 millones de euros (más de 11.000 millones de las antiguas pesetas) de la compañía Grand Tibidabo, que él presidió hasta 1993. Como consecuencia, aceptará una pena de tres años de prisión que, al ser superior a los dos años de privación de libertad, conllevará su futuro encarcelamiento por unos meses, según el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el abogado del empresario y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En su escrito de acusación de septiembre del 2000, el fiscal que entonces se encargaba del asunto solicitó provisionalmente para De la Rosa penas que sumaban 13 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y otro de fraude fiscal. La fiscalía ha rebajado ahora esta petición para facilitar un acuerdo entre las acusaciones y la defensa. "No es de recibo un juicio por una investigación que empezó hace 13 años y por unos hechos de hace 16 años ", aseguró una fuente jurídica.

OTROS IMPUTADOS Otros cinco acusados por la descapitalización de Grand Tibidabo, que comenzó en 1991, seguirán el mismo camino que De la Rosa y aceptarán penas que van de los seis meses al año y medio de cárcel. Así, admitirán la acusación el exdiplomático Manuel Prado Colón de Carvajal, que fue vicepresidente de la firma; Joan Cruells, director general y luego presidente; el exconsejero Florencio Cerdá, expresidente del Consorcio Nacional de Leasing (CNL); Arturo Piñana Bó, apoderado de sociedades vinculadas a De la Rosa, y el empresario Ramón Fité. El fiscal retirará la acusación para Carol Malagelada. Si no hay ningún contratiempo y nadie rompe el acuerdo, en el que ha sido precisa la participación de las acusaciones particulares que representan a los que eran accionistas de la compañía, el juicio que empezará hoy en Barcelona será un mero trámite. En minutos o como mucho en alguna hora quedará resuelto y visto para sentencia. Y con una resolución judicial que se espera poco complicada ante la admisión por parte de los acusados de las imputaciones.

De esta manera, De la Rosa, que a raíz de esta investigación iniciada hace 13 años pisó por primera vez la cárcel, y el resto de los imputados se librarán de estar sentados en el banquillo durante cinco meses. El calendario del tribunal preveía que la vista finalizara a finales de abril.

DILACIONES EN LA CAUSA Para rebajar la petición de pena, la fiscalía ha tenido en cuenta que uno de los apartados de su escrito de acusación --el presunto uso anómalo de un aval de la Generalitat durante el Gobierno de CiU-- ya ha sido archivado por la Audiencia de Barcelona, así como que en el proceso se han producido dilaciones indebidas.

Las acusaciones particulares, que representan a los accionistas de Grand Tibidabo y, por tanto, afectados directos, se reservarán la posibilidad de reclamar por la vía civil el dinero que presuntamente han perdido por las operaciones irregulares de De la Rosa y el resto de imputados.