A las nueve de esta mañana Ignacio Fernández Toxo, Pepe Álvarez, Juan Rosell y Antonio Garamendi han acudido al Ministerio de Empleo para entrevistarse con la ministra Fátima Báñez y lograr, al menos, un calendario y un temario de los asuntos que deben resolver en el marco del diálogo social.
Las pensiones y las nuevas fórmulas para financiar el sistema de prestaciones de la Seguridad Social, las propuestas para mejorar la contratación de colectivos de parados de larga duración o de jóvenes y aspectos generales del gasto social son algunos temas que están sobre la mesa, aunque los agentes sociales no esperan grandes avances.
De momento, las centrales y 12 autonomías han rechazado los planes del ministerio para implantar un cheque formación para jóvenes menores de 30 años que ni estudien ni trabajen con el que financiar el curso formativo que elijan entre la oferta de empresas y entidades acreditadas. "Los jóvenes deben tener un proceso de orientación, no simplemente ver una oferta y acudir", explicó ayer Iago Negueruela, consejero de Trabajo de Baleares, tras la reunión en Madrid de la comisión sectorial, para justificar que el tema haya sido aparcado.
En relación con el empleo de los más jóvenes el Ejecutivo está estudiando la reducción de los requisitos para beneficiarse del plan deGarantía Juvenil. Entre las propuestas está que cualquier joven inscrito en el sistema público de empleo estatal (SEPE) que cumpla con los requisitos para participar en el programa pasará, automáticamente, a estar inscrito en él.
TRAS LA MOVILIZACIÓN
El encuentro entre el Gobierno y los agentes sociales se celebra dos días después de la manifestación sindical del pasado domingo en Madrid con la que las centrales CCOO y UGT quisieron hacer oír su voz cara a la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017.
Horas después de la cita, por la tarde en el pleno del Congreso de los Diputados, el PSOE dará el primer paso para derogar la reforma laboral. Será a propósito del debate de la proposición de ley para igualar las condiciones de trabajo de los trabajadores de lassubcontratas con los de las empresas que contraten sus servicios, una situación de "competencia desleal" que "tira por los suelos" los salarios, según el portavoz socialista Rafael Simancas.
El PSOE asegura que solo el PP votará en contra de la proposición de ley. El Gobierno, de hecho, tiene vetada cualquier propuesta que suponga un aumento del gasto, razón esgrimida.
