La presidencia lituana de la UE y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este martes, tras tres años de negociaciones, un acuerdo político para reforzar los sistemas nacionales de garantía de depósitos bancarios y acelerar el pago a los clientes en caso de quiebra. Estos recibirán su dinero en un plazo máximo de 7 días laborables, en lugar de los 20 actuales.

La directiva mantiene la protección total sobre los depósitos de hasta 100.000 euros. El compromiso constituye un paso más hacia la unión bancaria, aunque todavía queda lejos del objetivo inicial de crear un sistema europeo único de garantía de depósitos. Esta medida ha sido aplazada de forma indefinida por la negativa de países como Alemania a avalar los depósitos de otros Estados miembros.

El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por los Veintiocho y el pleno de la Eurocámara, obliga a todas las entidades financieras a contribuir a los fondos de garantía nacionales, que deben alcanzar un nivel de prefinanciación del 0,8% de los depósitos cubiertos en un plazo de 10 años. De este modo, los depósitos por debajo de 100.000 euros serán garantizados a través de fondos financiados por la banca en lugar de por los contribuyentes.

Siete días para cobrar

Así, cada fondo nacional --en el caso de España, el FDG-- tiene que tener recursos equivalentes al 0,8% de los depósitos del país en un plazo de 10 años y los depositantes tendrán que recibir su dinero en el plazo de siete días laborables, ha indicado el Parlamento Europeo en un comunicado. El Consejo defendió un 0,5%, mientras que la Eurocámara pedía un 1,5%, con lo que al final se ha cerrado un compromiso al llegar a un 0,8% de los depósitos garantizados.

No obstante, si la Comisión Europea lo autoriza el porcentaje puede ser reducido al 0,5% de los depósitos garantizados en el caso de "sectores bancarios concentrados", es decir cuando los activos bancarios tienden a estar concentrados en manos de pocos bancos.

La contribución de cada banco variará de acuerdo con su perfil de riesgo. Las entidades deberán pagar al menos el 70% de su aportación en efectivo y a tiempo y sólo se permitirá retrasar un máximo del 30% de un año a otro.

Además, la norma permitirá usar los fondos de garantía de depósitos para la intervención temprana y la liquidación de bancos en crisis, tal y como ya hizo España por ejemplo para la CAM. No obstante, establece una serie de salvaguardas y mecanismos de control para restringir estos usos alternativos.