Las tediosas esperas a las que muchos ciudadanos se tienen que enfrentar cuando quieren cambiarse de compañía de teléfono (móvil) se van a acabar. Al menos así lo pretende el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ayer presentó ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que modifica la actual norma general de telecomunicaciones y que prevé una mayor protección de los derechos de los usuarios, la obligación de las compañías a dar más información a los clientes y a que las portabilidades de número móvil se lleven a cabo "en 24 horas" aunque, a la práctica, se necesitará un poco más de tiempo para completarlas (de dos a tres días).

Actualmente, cuando un usuario se quiere cambiar de compañía telefónica tiene que enfrentarse a un proceso que dura entre 5 y 10 días hábiles: aceptar una oferta, esperar a que la compañía de la que se es cliente se ponga en contacto con el usuario, confirmar el cambio y esperar a que este se lleve a la práctica. Según cálculos de la Unión Europea (UE), la media de tiempo para el cambio en España es de cinco días hábiles.

"La nueva normativa establece que el cambio de operador manteniendo el número, la portabilidad, deberá realizarse en el plazo de un día laborable", dijo ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián. España se adaptará así al conocido como paquete telecom de la UE, que entre otras cuestiones pretende reducir el tiempo de la portabilidad. Sin embargo, según fuentes del sector, este plazo de 24 horas será fijado "para que las compañías se pongan de acuerdo entre ellas". O lo que es lo mismo: como el usuario tiene que intervenir para dar su aprobación o no, a la hora de la verdad, el tiempo necesario será algo superior. "Se reduciría a entre dos y tres días", apuntan las mismas fuentes.

MAS INFORMACION La norma que llevará Industria al Congreso prevé que los usuarios finales tengan derecho a recibir mayor y mejor información sobre las características y condiciones de provisión de los servicios y en contratos y facturas, y garantizar una "protección más eficaz" de los datos personales en internet.

Además, el anteproyecto aprobado contempla reforzar las funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y dar un "marco jurídico de estabilidad y seguridad" a los inversores. También se facilitará el despliegue de redes de nueva generación (4G). Según el ministro, estas movilizarán hasta 25.000 millones de euros de inversión en un sector que factura 40.000 millones anuales y que da empleo a 80.000 personas.