El Congreso aprobó ayer la nueva ley de empleo que coordinará, con planes estatales, las políticas de los servicios públicos de empleo y que establece nuevos mecanismos de control de los fondos europeos que se dedican a esta actividad. En su tramitación final, se eliminó la disposición por la que el Gobierno recuperaba las competencias sancionadoras de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que cometan infracciones. Estas competencias se mantendrán en las comunidades autónomas que las tenían: Cataluña, Navarra, Galicia, Canarias y Valencia. A pesar de ello, CiU, PNV y el Grupo Mixto votaron en contra de la ley, por considerar que invade otras competencias autonómicas, mientras que PP, PSOE, IU y CC la apoyaron.
