Una medida más, pero una de las más esperadas. El Gobierno ha puesto sus esperanzas en los municipios para paliar la crisis económica y ha decidido ayudar también a las pymes y los autónomos, muy castigados por la recesión, y que constituyen el pilar de la estructura económica española. José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 3.000 millones de euros que tendrá una finalidad muy concreta: garantizará el cobro de facturas de obras y servicios municipales.

Con la medida, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes, se pretende dar un respiro a las empresas y autónomos que no cobran lo que les adeudan los ayuntamientos, y que estos puedan desarrollar proyectos. Los avales públicos del ICO facilitarán, como destacó Zapatero, el descuento de facturas por parte de las entidades financieras, porque el propio ICO respaldará el pago del 100% de los importes y se impulsará, así, "el crédito comercial".

PETICIONES REITERADAS La medida llega después de reiteradas peticiones de las pymes, ahogadas por la falta de cobro, y de los propios municipios. Zapatero, precisamente, quiso anunciar la decisión del Ejecutivo en un acto en Valladolid que celebraba los 30 años de la constitución de los ayuntamientos democráticos.

Con ello, el presidente del Gobierno incidió de nuevo en que la apuesta por los ayuntamientos es determinante y que el fondo municipal de 8.000 millones para financiar obras que ayuden a paliar el desempleo está comenzado a dar sus frutos.

La decisión del Ejecutivo hizo reaccionar a los empresarios. El presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, dejó claro que la medida "es sin lugar a dudas positiva, porque el endeudamiento de las corporaciones locales es bastante grande y las demoras en los pagos generan muchos problemas a las empresas".

Pero Bárcenas reclamó que "se gestione con rapidez", una tarea en la que ya está al frente la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a quien Zapatero le ha encomendado que resuelva la lentitud de la maquinaria del Estado para paliar en lo posible la recesión económica. Y es que ocho de cada diez pymes que proveen a la Administración tardan más de medio año en cobrar, según las cámaras de comercio.

Zapatero no especificó si esa línea del ICO de 3.000 millones se descontará de las transferencias del Estado a los ayuntamientos. El exvicepresidente econó- mico, Pedro Solbes, estaba ultimando una reforma de la ley de haciendas locales, con la idea de que los municipios devolvieran el dinero adelantado por el Estado para hacer frente a los impagos que sufren las empresas.