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Editorial

Aumento de los ERE preocupante

 

El año ha empezado con un notable aumento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), especialmente en empresas con gran trascendencia en la economía española. Si en el 2018 se produjeron, según el Ministerio de Trabajo, unos 20.000 despidos a través de esta vía, la cifra más baja en lo que va de siglo XXI, en tan solo dos meses del 2019 ya se han anunciado medidas que afectarán a unos 8.000 trabajadores, para los que en su mayoría significará una dura situación personal y familiar. Los números siguen aún muy por debajo de las más de 80.000 personas afectadas en el peor año de la crisis (2012), pero la destrucción de empleo es un factor que enciende las alarmas.

Algunos analistas consideran que no se trata de una patología sino de reestructuraciones normales en el devenir económico, mientras que hay otros que vislumbran un destello de una futura recesión, fundamentada, a nivel global, en la guerra comercial entre EEUU y China, en los efectos del brexit y en la subida de los tipos de interés, además de tener en cuenta la inestabilidad política a la espera de reformas en la legislación laboral. Sin embargo, una lectura de este fenómeno muy compartida establece los parámetros en la necesaria reconversión de muchos sectores a partir de la irrupción, cada día más evidente, de una revolución digital disruptiva. Los más afectados son el comercio, la banca, la comunicación y telefonía, y los transportes. Y las empresas que anuncian recortes más llamativos son Vodafone (con el tercer ERE desde el 2013, con afectación de un millar de trabajadores, la cuarta parte de la plantilla) y CaixaBank (unos 2.000), aunque también cabe citar al grupo Dia o al Banco Santander, por ejemplo.

Se trata, especialmente, de una crisis en el sector de la telefonía, con mayor oferta low-cost y una guerra de precios y, en el caso de la banca, de la implantación de un nuevo modelo financiero que acentúa cada vez más la transacción digital en perjuicio de las oficinas. CaixaBank, en este sentido, tiene previsto cerrar más de 800 en tres años.

Los sindicatos denuncian que las estipulaciones previstas en la ley permiten despidos a bajo coste empresarial al tiempo que avisan que «la digitalización está deteriorando y precarizando el empleo». Tanto si estamos ante el prólogo de una nueva crisis o si nos hallamos en el umbral de un nuevo tipo de economía, la situación es preocupante.