El Gobierno acaba de aprobar una subida del techo de gasto de más del 50% para situarlo en 196.000 millones de euros. Esta es la cifra de gasto, no financiero, que servirá de guía para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo ya había anunciado con anterioridad que levantaba el límite de endeudamiento de las comunidades autónomas. Además, tras una revuelta municipalista, se vio obligado a autorizar a los ayuntamientos a utilizar los remanentes de tesorería de los ejercicios anteriores cerrados con superávit. La suma de decisiones supone el adiós a la ortodoxia financiera de la estabilidad fiscal en el corto plazo. Al mismo tiempo también sitúa ante el espejo la gravedad de la crisis económica que ha provocado la pandemia. Estas medidas de choque no serían posibles si las instituciones europeas no se hubiesen alineado a favor del incremento del gasto público. La aplicación de la cláusula de escape que permite suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija un déficit del 3% y un 60% de deuda para los socios comunitarios, ha sido una de las decisiones de mayor calado.

Liberar a los países de este corsé, junto a los 140.000 millones de euros procedentes de la UE que va a recibir España en los próximos años -unos 20.000 millones en el 2021-, es lo que ha permitido que el Gobierno de Pedro Sánchez tome medidas de incremento de gasto que más que necesarias son imprescindibles en estos momentos. De la gravedad de la situación dan cuenta los indicadores macroeconómicos que presentó el Gobierno y que sitúan la caída del PIB en el 2020 en un 11,2% y el desempleo por encima del 17%. Estas cifras macroeconómicas no son solo números. Se traducen en situaciones dramáticas para centenares de miles de ciudadanos y empresas que necesitarán de todo el apoyo para seguir adelante.

La naturaleza de la crisis, distinta a la última que vivimos, ha hecho más fácil que Europa en su conjunto y España en particular puedan hacerle frente con medidas opuestas a las que se utilizaron hace unos años. Entonces se primó hasta extremos absurdos la austeridad y se acabó provocando más daño en el tejido social y empresarial que el que la propia crisis había provocado. Es cierto que el incremento del gasto público por sí solo no va a borrar de un plumazo todas las consecuencias negativas de una situación como la que enfrentamos. Pero sí permite al menos que ciudadanos y empresas no tengan la impresión de que sus gobiernos les dan la espalda cuando más los necesitan a su lado.