El azote de la pandemia obliga a una segunda ola de ayudas sociales. El plan presupuestario que el Gobierno envió a Bruselas cifra en 55.588 millones el gasto del 2020 vinculado a medidas en respuesta al covid, incluidos casi 34.000 millones en el ámbito laboral y 17.000 en la esfera social. Se trata de medidas como el ingreso mínimo vital, los ertes, los subsidios o las ayudas vinculadas a la vivienda, como las moratorias en hipotecas o las vinculadas al alquiler. También se incluyen las líneas de avales del ICO o el fondo de rescate a las empresas estratégicas. Queda pendiente el fondo de rescate de las pymes, ya que es esencial un mecanismo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El escudo social debe proteger a empresas y trabajadores. Y también a autónomos. El colapso de las webs para tramitar la ayuda a este colectivo demuestra por un lado la dramática situación que viven muchos de ellos. Pero también muestra un problema que lastra las ayudas desde el primer día: los problemas de gestión de unas medidas sociales que han desbordado a las administraciones hasta el punto de que muchos beneficiarios no las reciben, atrapados en un laberinto burocrático.
