Pedro Sánchez se ha asegurado el apoyo de Podemos a su proyecto de Presupuestos para el 2019. No ha sido una negociación fácil. De hecho es la primera vez que se ponen de acuerdo con Pablo Iglesias. Recordemos que en la moción de censura, el PSOE no aceptó negociar condiciones.

Se trataba solo de derrocar a Mariano Rajoy. Las líneas básicas del acuerdo no han sido una sorpresa: subida del salario mínimo y de las pensiones, más ayudas para la dependencia y para vivienda, más margen a los ayuntamientos para actuar en el mercado del alquiler, reforma de la cotización de los autónomos y apoyo a algunas leyes sociales que la formación morada tiene presentadas en el Congreso.

Para poder incrementar este gasto sin que Bruselas saque la tarjeta roja se propone también una subida de impuestos: para las rentas superiores a 130.000 euros, para las grandes empresas, para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros, etcétera. Podríamos decir que es un presupuesto en la banda más alta de la socialdemocracia clásica.

Hay más justicia social que revolución sistémica. El PSOE consigue así domesticar el discurso de Podemos mientras ha estado en la oposición al PP, y Pablo Iglesias deja claro que si el Gobierno cae, no será por su culpa. Todos listos, pues, para cualquier incidencia.

Este acuerdo revitaliza al Gobierno de Sánchez, pero aún no le garantiza la continuidad. Necesita también el apoyo de los nacionalistas vascos y de los independentistas catalanes. A simple vista no parece que nada de lo acordado con Iglesias suponga un obstáculo insalvable. Lo dramático es que en el caso de los grupos catalanes, el apoyo en poco o en nada dependerá del contenido de los Presupuestos.

Y ahí las cosas son más difíciles. En el caso de Esquerra, el vicepresidente Pere Aragonès ha sido muy directo y algo irresponsable cuando ha vinculado el apoyo de su grupo a un cambio de posición de la fiscalía en lo que se refiere a la prisión preventiva de los investigados por el 1-O y en el desestimiento de la acusación de rebelión.

Un gesto tan realista como irrespetuoso si atendemos al estatuto del Fiscal General en el actual ordenamiento constitucional.

Aún más incierta es la posición y las condiciones que pueda poner el PDECat. Dependerá en buena medida de la reunión que celebrarán hoy y en el margen de maniobra que deje Puigdemont desde Waterloo.