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La crisis catalana

12-F: ‘procés’ en el banquillo

El independentismo reclama «protección» a la UE mientras los presos llegan a cárceles de Madrid. El Gobierno central promete un juicio justo y pide a Quim Torra que «apacigüe las emociones»

 

Traslado de Carme Forcadell de la cárcel de Mas dEnric en el Catllar a Brians. -

DANIEL G. SASTRE
BARCELONA

02/02/2019

«Ha llegado la hora de la verdad». Roger Torrent resumió con esa frase el sentir general ante el juicio contra varios de los principales líderes del proceso independentista. Que se haga la luz sobre los hechos del convulso octubre del 2017, que todas las partes expongan su versión de lo sucedido y que los ciudadanos decidan, en función de lo que vean y oigan, quién es el bueno y quién el malo en esta historia.

Lo lógico sería esperar también que se haga justicia. Pero los independentistas ya han dicho cientos de veces que no confían en la justicia española, mientras que el Gobierno recuerda que en España hay independencia judicial y garantizan un juicio justo. Nueve de los 12 acusados, los principales impulsores del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia -excepto los que eligieron huir al extranjero- ya han dormido esta noche en cárceles madrileñas, a la espera de que, el día 12 de febrero, empiece la vista oral que va a condicionar el resto de sus vidas y el escenario político inmediato de Cataluña y España.

Los puntos de partida están claros. El independentismo, seguro de sus razones, quiere que el juicio se convierta en «un altavoz» para su causa. Lastrado por meses de desencuentros internos, los principales partidos y organizaciones de la cuerda se esfuerzan por afrontar con cierta unidad las sesiones. De momento, solo hay acuerdo en que el proceso puede convertirse en un revulsivo para el soberanismo. No lo hay en cómo canalizar la eventual indignación popular que podrían provocar las sentencias.

EL TRASLADO / Pero es pronto para hablar de eso. Ayer, casi de madrugada y entre las protestas de algunas decenas de independentistas, se produjo el traslado de los presos de cárceles catalanas a cárceles madrileñas. Salieron de los centros de Lledoners, de Puig de les Basses y Mas d’Enric, y alrededor de las ocho se juntaron en la prisión de Brians 2. Allí, Quim Torra pudo saludarlos a todos durante unos minutos antes de que los Mossos d’Esquadra cedieran su custodia a la Guardia Civil, que los trasladó a Madrid.

Oriol Junqueras -el principal acusado, al que la fiscalía pide 25 años de cárcel-, cinco de sus excompañeros en el Govern, los Jordis y Carme Forcadell, que se enfrentan a duras condenas y que intentarán demostrar que no hubo violencia en las semanas previas a la DUI, se despidieron de sus simpatizantes con mensajes a través de Twitter en los que prometieron «defender los derechos y libertades fundamentales».

El juicio llega en el momento en que la pugna entre Puigdemont y Junqueras por la hegemonía en el independentismo está en su punto más alto. Las divergencias estratégicas en el movimiento se dejaron notar ayer: mientras algunos, como el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, pedían no obstaculizar el traslado a Madrid, otros se quejaban de que el Govern no hubiera hecho más por impedir que se fueran: miembros de la ANC llegaron a ocupar la sede de la Comisión Europea en Barcelona.

El presidente de la Generalitat dio muchas pistas, en una solemne declaración institucional que pronunció poco después, de cómo va a afrontar el juicio el independentismo. Por un lado, va a intentar transmitir que los encausados representan a toda Cataluña, no solo al independentismo; por otro, va a centrarse en conseguir un apoyo internacional que de momento ha dado la espalda al procés.

Por eso Torra leyó en inglés casi todo el mensaje. Dijo que la comunidad internacional, y en especial la Unión Europea, deben «proteger» a los independentistas catalanes de la falta de democracia con la que a su juicio opera la maquinaria institucional española.

IMAGEN EXTERIOR / La batalla internacional va a ser dura, porque el Gobierno también se ha propuesto dar máxima prioridad a ese frente. Si los independentistas dan por seguro que el juicio no será justo -Junqueras previó hace unos días una sentencia «ejemplarmente dura»-, el Gobierno se esfuerza por transmitir todo lo contrario: la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, prometió ayer un proceso «con todas las garantías».

El Gobierno intenta que el juicio no inflame la situación en Cataluña, pero reconoce la dificultad del esfuerzo. En la Moncloa asumen que el proceso complicará aún más las relaciones con ERC y el PDECat, a las puertas del debate parlamentario de los Presupuestos, que coincidirá con la cita en el Tribunal Supremo. Por eso llamó ayer a «apaciguar las emociones», informa Juan Ruiz Sierra.

«Pedimos racionalidad y sensatez. Vamos a tratar de que no se susciten situaciones que no interesa en este momento propiciar dentro de la ciudadanía. Pedimos a las fuerzas políticas que hagan un llamamiento a la normalidad», añadió la portavoz, que también recordó que el juicio «será televisado y tendrá toda la visibilidad», motivo por el que el Tribunal Supremo ha decidido no aceptar la presencia de observadores internacionales.

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