Unos 800 profesores universitarios de toda España han firmado una carta abierta a los rectores de las universidades públicas catalanas, en la que expresan su «radical desacuerdo» con el contenido «aberrante» del manifiesto de esos centros en favor de la libertad de los políticos presos. En la misiva argumentan que los órganos de gobierno de las universidades están conformados por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios que «en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas». Por lo tanto, «carecen de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan». La libertad de expresión, añaden, «es un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas» y que «una administración se exprese en nombre de todos sus miembros implica una evidente agresión a otro derecho, la libertad ideológica, protegida por el artículo 16 de la Constitución».
