La acusación formulada en marzo por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de que el Gobierno de Venezuela facilitó las relaciones entre ETA y la guerrilla colombiana de las FARC y la confesión de los dos miembros del comando Imanol, detenidos la semana pasada en Guipúzcoa, de que en el 2008 fueron adiestrados en la selva venezolana han vuelto a situar en primer plano la presencia de etarras en aquel país caribeño. Con un personaje protagonista, Arturo Cubillas Fontán, residente en Venezuela desde 1989, que actualmente goza de nacionalidad venezolana y ostenta el cargo de jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura de aquel país.
Cubillas aparece en los autos del juez Velasco y en las declaraciones de los detenidos como el hombre puente de ETA en Venezuela. De ahí, que la Audiencia Nacional haya solicitado su extradición y que el Gobierno español haya reclamado a Hugo Chávez que lo destituya de su cargo y abra una investigación sobre sus actividades. La brusquedad de las respuestas y el populismo de Chávez contribuyen a extender la sospecha de su supuesta connivencia con ETA. Pero lo cierto es que en el 2002, Chávez fue el primer presidente venezolano que entregó a tres etarras a España. Después, se limitó a seguir la senda de tolerancia de los gobiernos anteriores, tanto los democristianos de Rafael Caldera como los socialdemócratas de Carlos Andrés Pérez.
Todos hicieron la vista gorda, entre otras razones porque los militantes de ETA encontraron en Venezuela el abrigo de una comunidad vasca muy nacionalista y muy influyente, procedente del exilio de la guerra civil española. Como ocurría en México, pero quizá la de Caracas más comprensiva con la actividad terrorista. De hecho, como explica Florencio Domínguez en su libro Las conexiones de ETA en América, en el seno de esa colonia vasca se constituyó ya en 1959 la primera célula de ETA en Venezuela gracias a las relaciones personales de Julen Madariaga, uno de los fundadores de la banda.
Además de algunos etarras que llegaron allí huyendo de la persecución policial, la mayoría de los que recalaron en Venezuela fueron deportados desde Francia y Argelia en 1984 y 1989 y acogidos en ese país a petición del entonces jefe del Gobierno, Felipe González, que tuvo que negociar duramente primero con el presidente francés, Fran§ois Mitterrand, para que accediera a expulsar a terceros países a los etarras que habían instalado en Francia su santuario y después con los presidentes de Panamá, Venezuela, México y Cuba para que acogieran a los deportados.
Ahora, cuando los agentes de la Guardia Civil y sus colegas franceses trabajan conjuntamente en territorio francés y cuando las extradiciones de miembros de la banda a España son una práctica habitual, resulta difícil comprender aquella decisión. Pero entonces, y pese a que los asesinatos de ETA se contaban por decenas cada año, ni los políticos ni la opinión pública francesa parecían dispuestos a encarcelar o entregar a Madrid a los etarras. Francia venía de una tradición de asilo y España salía de una dictadura y, aunque el triunfo del PSOE en 1982 demostraba la consolidación de la democracia, los franceses confundían a los terroristas con antifranquistas.
Alejados de Francia
González tuvo que convencer a Mitterrand en 1983 para que detuviera y deportara a los etarras que se habían instalado en Francia. A partir de ese momento, llegaron a Venezuela, Panamá, México, Cuba y Cabo Verde los primeros terroristas deportados. Una segunda remesa aterrizó en 1989, con los expulsados de Argelia tras el fracaso de las conversaciones de Argel. Cubillas fue enviado entonces a Venezuela, mientras los principales negociadores, Eugenio Etxebeste, alias Antxon, y Belén González Peñalba fueron a parar a la República Dominicana. Antxon fue extraditado a España en 1997, tras el asesinato del concejal del PP Miguel Angel Blanco. González Peñalba fue de nuevo interlocutora, en este caso con el Gobierno de José María Aznar, en 1998. En 1999, tras la ruptura de la tregua, fue detenida en Francia.
