La crisis abierta por el caso de la activista saharahui Aminetu Haidar se centra desde hace 24 horas en el propósito de evitar que su huelga de hambre --ayer empezó la cuarta semana-- pueda minar su salud hasta causarle la muerte. Un asunto agravado por la decisión que ayer tomó Haidar y que anunció en un comunicado hecho público por la tarde: la activista renuncia a recibir cualquier atención médica "pública o privada", incluida la del médico que la atendía hasta ahora de forma voluntaria, Martín de Guzmán.

La saharaui sigue pues en un cubículo del Aeropuerto de Arrecife (Lanzarote). Allí recibió el domingo por la noche la visita del juez Jerónimo Alonso, que encabezó la comisión judicial integrada, entre otros, por un médico forense que analizó su estado de salud. Según Haidar, fue precisamente esa visita la que la ha decidido a rechazar más atención médica. En su comunicado, explicó que el magistrado y el médico entraron en la sala "de forma violenta e intimidatoria": "Expulsando a empujones a la persona que me asiste, intentando realizar un examen médico contra mi voluntad y amenazándome con alimentarme forzosamente, violando mis derechos humanos". Ella, dijo, quedó "aterrorizada".

En principio, Alonso tenía intención de enviar ayer a otro facultativo, por contar con dos informes contradictorios sobre la situación de Haidar: el médico forense que la reconoció el domingo llegó a la conclusión de que no está en un estado preocupante, mientras que, según informa Efe, De Guzmán sostuvo que estaba muy mal. La abogada de Haidar, Irene Miranda, subrayó que esta se encuentra "en perfecto estado" y que el juez lo pudo comprobar. Y agregó que en caso de que pierda la conciencia debería aplicarse la ley de autonomía del paciente, del 2002, y no alimentarla.

Esta visión choca con la de la mayoría de jueces: la asociación progresista Jueces para la Democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, coincidieron, en declaraciones a Europa Press, en rechazar que se alimente forzosamente a la activista saharaui, algo que sí defienden la Asociación Francisco de Vitoria (moderada) y Foro Judicial Independiente (conservador). Algunas voces citan el antecedente de los presos del GRAPO que se declararon en huelga de hambre a principios de los 90 y que fueron alimentados al perder la consciencia. Otras consideran que el ejemplo no vale, ya que Haidar no está encarcelada ni enferma. También algunos partidos políticos se pronunciaron sobre este punto. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que las leyes españolas ponen la vida por delante de todo. El diputado de IU Gaspar Llamazares reclamó respeto a la huelga de hambre de Haidar.

PRESION DESIGUAL La activista denunció la actuación del Gobierno español, en declaraciones recogidas por France Presse, en las que acusó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de no usar "sus cartas" para presionar a Marruecos: "En lugar de hacerlo, me presiona a mí". Haidar se mostró rotunda: "Seguiré mi huelga de hambre hasta que haya una solución. Si muero, el Gobierno español tendrá que asumir las consecuencias jurídicas y morales por ello".