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LUCHA CONTRA LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Aguirre desvía ante el juez toda responsabilidad por la caja b

Echa la culpa al exgerente del partido y afirma que consultó nombramientos con Mariano Rajoy. La expresidenta madrileña se desmarca de la supuesta financiación ilegal del PP regional

 

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el ‘caso Púnica’, ayer. - DAVID CASTRO

ÁNGELES VÁZQUEZ
19/10/2019

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre cumplió ayer a rajatabla con el guion del imputado, al desviar hacia otras personas cualquier responsabilidad que pudiera atribuírsele por estar al frente del PP en Madrid durante 12 años. Al mismo tiempo se mantuvo fiel a ese estilo suyo, tan castizo y directo, que le permitió decir que las fiscalas del caso Púnica comparan Fundescam -la fundación que se investiga si sirvió para financiar ilegalmente al partido de Madrid- con el «Watergate» y admitir que «estaba mosca» con una de las empresas investigadas por el mismo motivo.

A la salida, ante los medios, la expresidenta se mostró más comedida y se limitó a decir que estaba satisfecha por haber podido dar su versión al juez Manuel García-Castellón. Aseguró que nunca había «consentido, ni conocido, ni dejado de ejercer la diligencia necesaria para dejar de conocer hechos que pudieran ser constitutivos de una irregularidad y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto de que se hubiera producido». Lo remató con un «mi inocencia prevalecerá».

Ante el juez, que en algún llegó a pedir a Aguirre que rebajara su tono con las fiscalas, la expresidenta negó cualquier responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque dijo que no correspondían al presidente. Eso hizo que el magistrado le preguntara si la presidencia del partido solo era decorativa, y Aguirre respondió con los estatutos del PP.

Negó la financiación ilegal del partido por la que está investigada y aseguró que consultó con el PP nacional «todos sus nombramientos». Incluso citó expresamente al expresidente del PP Mariano Rajoy con su primer ejecutivo, el elegido en el 2003 tras la repetición de elecciones a la que obligó el episodio conocido como tamayazo, en el que dos diputados socialistas no se presentaron al pleno en el que iba a ser investido presidente de la Comunidad de Madrid el socialista Rafael Simancas.

La imputada echó la responsabilidad sobre el partido sobre los hombros del que era su gerente en Madrid Beltrán Gutiérrez, del que señaló que ocupaba ese cargo antes de que ella llegara y con quien dijo no tener una excesiva relación.

CLÁUSULA DEL 1% / Según el auto de imputación dictado en esta pieza del caso Púnica, la principal acusación sobre ella recae porque en una reunión celebrada a principios del 2004, al poco de llegar a la presidencia madrileña, ordenó que se destinara a publicidad el 1% de cada contrato adjudicado por las consejerías madrileñas, y que de él siempre se ocupara la empresa Over Marketing, de Horacio Mercado. Ante el juez aseguró que ignoraba la existencia de esa cláusula o si se puso en práctica en Sanidad, a cuyo frente estaba el también imputado Manuel Lamela, pero que creía que solo se había usado en un contrato de carreteras de la Consejería de Transportes, entonces en manos de Francisco Granados.

Se supone que la polémica cláusula se enmarcó en la campaña La suma de todos. Según Aguirre, eso fue algo improvisado: ya de noche, le pidieron que viese el logotipo y vio la presentación y le gustó. Según la agencia Efe, al juez no le cuadró la explicación e ironizó preguntando si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedería a salir de su despacho por alguien que no conoce de nada para que le enseñara un logotipo. De sus más estrechos colaboradores, Ignacio González y Francisco Granados -ambos imputados-, Aguirre dijo que nombró al primero su vicepresidente porque confiaba en él, y al segundo, secretario general del partido por su magnífica trayectoria. Lo que sí se cuidó de precisar es que nunca despachó con Granados sobre la empresa pública Arpegio ni sobre el plan Prisma, del que se investiga si sirvió para desviar dinero al PP.

Con Mintra es con la empresa pública que Aguirre confesó que estaba «mosca». El juez le pidió que aclarase el término y ella respondió que era muy austera y no quería hacer muchas estaciones de metro. Las fiscales le insistieron en lo de estar mosca y ella optó por pedir retirar el término. El juez le respondió que no era posible por estar grabado.

Aguirre cerró la ronda de imputados citados de momento por el juez García-Castellón en relación con la financiación ilegal del PP de Madrid.

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