El expresidente de la Junta de Andalucía y exdirigente del PSOE José Antonio Griñán se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público, según la petición de la Fiscalía Anticorrupción remitida hoy al juzgado instructor. Para su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Chaves, se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación.
La petición de pena para Griñán se produce por su ejercicio como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, siendo responsable último de las modificaciones presupuestarias que permitieron engordar la partida 31-L con la que se pagaban de forma discrecional y opaca las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. El escrito de petición del fiscal supone todo un mazazo para la cúpula socialista que dirigió Andalucía durante casi dos décadas, ya que tanto en la Junta de Andalucía como entre las filas socialistas se daba por hecho que todo era una cuestión de interpretación de la norma y el caso no iría a más. De hecho, ambos negaron cualquier irregularidad y minimizaron el caso cuando fueron citados a declarar tanto en el Tribunal Supremo en calidad de aforados como en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, adonde fue remitida la causa tras la renuncia de ambos a sus escaños en las Cortes generales a causa de su imputación.
Además de los expresidentes, el ministerio público pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito. La petición del fiscal incluye además la devolución a las arcas públicas del dinero destinado a pagar estas ayudas entre el 2000 y 2010.
