Ni Juan José Ibarretxe ni ningún otro presidente autonómico o alcalde irá a prisión por llamar a los ciudadanos a pronunciarse en referendo, aunque legalmente siga estando incapacitado para convocar dicha consulta. El Congreso inició ayer el trámite para derogar la reforma del Código Penal que introdujo el PP al final de la pasada legislatura, y que en su día concitó el rechazo unánime del resto de grupos.
Sólo el PP votó en contra de la toma en consideración de una proposición que defendió Alvaro Cuesta, del PSOE. Su portavoz, Ignacio Astarloa, criticó la derogación, porque a su juicio deja al Estado "sin protección ante el proceso de secesión anunciada" que supone el _ plan Ibarretxe. Admitió que el método que usó el PP para imponer la reforma "no fue el más adecuado". S. G.
