El mismo día en el que la Fiscalía del Estado presentó ante el Tribunal Supremo los escritos que solicitan la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera), trascendió que los dirigentes de ANV valoran disolver los grupos municipales de los ayuntamientos que gobiernan. Se trataría de adelantase a las órdenes del Supremo cuando decida ponerles fuera de la ley y evitar así la imagen de acatamiento a la sentencia.
La disolución del grupo tendría más un efecto simbólico que práctico, porque los ediles pasarían a figurar como "no adscritos" y el alcalde lo sería a título "personal", pero continuarían ejerciendo las mismas funciones, dejando en evidencia al Supremo si intentara aplicar en las instituciones una eventual ilegalización.
En los ayuntamientos donde disponen de concejales en minoría esperarán a que los alcaldes actúen, para criticar su sumisión a la justicia española. Es lo que hicieron ayer en la localidad navarra de Zizur Mayor, donde el alcalde, de Nafarroa Bai, ha cumplido con las instrucciones del juez Baltasar Garzón, que suspendió las actividades de ANV, y ha clausurado el despacho de su edil.
Los informes que la fiscalía presentó ayer ante el Supremo acusan a ANV de "dar cobertura política" a Batasuna y ayudar económicamente a la formación ilegalizada.
