El juez Fernando Grande-Marlaska ha archivado por falta de pruebas una causa en la que se investigaba al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo en relación con una manifestación en la que supuestamente se homenajeó al etarra Arkaitz Otazua, muerto en un tiroteo con la Ertzaintza en 2003.

Así lo ha acordado el nuevo titular del juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional en un auto en el que hace suya la tesis del fiscal, que el pasado 14 de marzo pidió el sobreseimiento de esta causa respecto a Otegi y los otros 22 acusados por estos mismos hechos, todos ellos miembros de la llamada izquierda abertzale.

Grande-Marlaska sustenta su decisión en que "en relación al delito de enaltecimiento imputable, entre otros, a Arnaldo Otegi, aun existiendo una duda razonable sobre las expresiones por él proferidas al concluir dicha manifestación -celebrada en Bilbao el 20 de septiembre de 2003-, no consta grabación cierta por cualquier medio de reproducción técnica" que pueda probar esa acusación.

Por ello, "la proporcionalidad de la decisión conformada por el Ministerio Fiscal -única parte acusadora en esta causa-,(...) se constituye de la propia instrucción", ya que además tampoco se ha verificado que fuera ilegal la manifestación que precedió al fallecimiento del etarra en un tiroteo con la Ertzaintza en el Alto de Herrera (Álava), el 14 de septiembre de 2003. Así, el juez, en su auto, de fecha de 23 de marzo, ordena el archivo de esta causa "por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito de enaltecimiento del terrorismo objeto de la investigación", ni del delito de manifestación ilegal.

Otros 22 acusados

Además de Otegi, la causa queda sobreseída para los otros 22 acusados entre los que destacan el dirigente de Batasuna Joseba Permach, el secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y las abogadas de Gestoras o Askatasuna Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta, entre otros miembros de la izquierda abertzale.

Esta causa se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pero al perder Otegi su condición de parlamentario en las pasadas elecciones autonómicas de 2005 como consecuencia de la ilegalización de Batasuna, la causa, al igual que otras que afectaban al dirigente abertzale, fue remitida a la Audiencia Nacional por tratarse de un delito de terrorismo.

Este procedimiento fue abierto a raíz de que la Fiscalía del TSJPV presentara una querella contra estos 23 acusados al considerar que la manifestación, celebrada bajo el lema "No apartheid, autodeterminazioa", tuvo desde su mismo inicio "la finalidad de convertirse en un acto homenaje" a Otazua, además de ser "ilegal".

Causas pendientes

El pasado 21 de marzo, dos días antes de que Grande-Marlaska dictara este auto, Otegi fue absuelto del delito de enaltecimiento del que venía siendo acusado por el homenaje a la etarra Olaia Castresana, muerta al manipular una bomba, al retirar ese mismo día la Fiscalía, que pedía para él 15 meses de cárcel, su acusación. A pesar de su absolución por el homenaje a Castresana y el archivo ahora de la causa que tenía abierta por el homenaje a Otazua, Otegi tiene aún pendientes en la Audiencia Nacional otras tres causas.

Una de ellas, también por un delito de enaltecimiento, en relación con un homenaje al preso etarra José María Sagarduy, y otra por los delitos de desobediencia, reunión ilícita y enaltecimiento del terrorismo en relación con el acto que Batasuna celebró el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta (San Sebastián) para celebrar su nueva propuesta política. Otro de los procedimientos abiertos a Otegi es el sumario en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas", en el que está procesado por pertenencia a banda armada y por la que se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

Tras perder su condición de aforado, Otegi ha sido condenado a un año de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito de injurias al rey y a otros quince meses por la Audiencia Nacional por un homenaje al miembro de ETA José Miguel Beñarán, "Argala".