Lla sección cuarta de la Audiencia Nacional decidió ayer que Luis Bárcenas debe seguir en prisión provisional con un auto contundente y esclarecedor sobre las "graves responsabilidades penales" que, de momento solo como indicios, pesan sobre el extesorero del PP. Sin embargo, los jueces apenas se detienen en los presuntos delitos del también exsenador que tienen mayor trascendencia política. Es decir, su confesión acerca de la supuesta financiación ilegal en el PP, de la que se habría beneficiado la cúpula conservadora mediante el cobro de sobresueldos.
La sección cuarta, presidida por Angela María Murillo Bordado, señala de pasada que, de confirmarse la existencia de una caja con dinero negro en el partido, se habría cometido "un delito contra la hacienda pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas". Pero no van más allá, porque la defensa del extesorero, que ostenta Javier Gómez de Liaño, no aportó, dentro de su recurso contra la decisión del juez instructor Pablo Ruz de enviar a Luis Bárcenas a la cárcel el pasado 27 de junio, la confesión ante el juez que tanto daño podría hacer a Mariano Rajoy y al Partido Popular.
DIFICIL CONTROL Los jueces muestran un respaldo íntegro a la "adecuada, cabal y ponderada" resolución de Pablo Ruz y comparten con él que "concurren todos los requisitos exigibles" para encarcelarle y mantener por ahora esta medida cautelar. Manifiestan, en primer lugar, que persiste un riesgo "serio e intenso" de que el extesorero huya al extranjero, con el subsiguiente peligro de "destrucción u ocultación de evidencias o reiteración delitictiva".
Los magistrados basan esta afirmación en varias circunstancias. Entre ellas, que se presupone que Luis Bárcenas aún posee en el exterior un "patrimonio de difícil control e incautación" que podría facilitar su fuga. El auto expone los nuevos datos bancarios que han ido llegando a la Audiencia y que, en opinión de la sección cuarta, reflejan la "recientemente conocida intensa, opaca y críptica actividad negocial del recurrente con dinero cuyo origen ilícito se ignora".
La resolución judicial se basa, además, en que a medida que avanza la investigación, aumenta el "voluminoso abanico incriminatorio" que afecta a la persona que durante casi veinte años gestionó los caudales del PP. La resolución menciona cohecho, un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales, a los que se habría sumado falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa por el intento de zafarse de la investigación fingiendo una venta de cuadros. Los jueces critican también la actitud procesal de Bárcenas, "sus vagas y confusas" palabras, así como su ausencia de "explicación exculpatoria alguna".
"La falta de transparencia por la que se ha regido ha impedido el conocimiento de sus actos, que van saliendo a la luz lenta e inexorablemente, según avanzan las actuaciones de comprobación delictiva que se acuerdan", señala el auto.
Por otra parte, la acusación popular que ejerce Abogados Demócratas de Europa (Adade) pidió ayer al juez Ruz que imponga una fianza de tres millones de euros a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias. El magistrado solicitó a la fiscalía que le informe de la conveniencia de imponer esta fianza a Iglesias para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual condena por fraude y cooperación en delito de blanqueo. Luis Bárcenas tiene pendiente abonar la fianza de 43 millones de euros, hecho que llevó a Ruz a abrir un proceso para embargar sus bienes.
