Sin piedad. El pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer, con el voto favorable de 12 magistrados y el voto en contra de 4, que el etarra Iñaki de Juana Chaos siga en régimen de reclusión cumpliendo su condena de 12 años y siete meses, y continúe, de momento, ingresado en el hospital que intenta evitar su muerte a consecuencia de la huelga de hambre que mantiene desde noviembre.

El sector conservador de los magistrados, en una decisión sin precedentes, había forzado que el acuerdo se adoptara en el pleno, donde tienen mayoría, para evitar que los tres jueces que juzgaron al terrorista y debían decidir si se debía excarcelar a De Juana acordaran el traslado a su domicilio por su deteriorado estado de salud.

Esos jueces, dos de ellos de la asociación progresista Jueces para la Democracia y otro no asociado, a los que se sumó Clara Bayarri, de tendencia conservadora, emitieron un voto particular en el que defendieron que "el valor de la vida" prevalece cuando "entra en conflicto con los fines de la prisión provisional".

Los motivosPor contra, para la mayoría de los magistrados, entre ellos dos progresistas, la situación del etarra no puede variar, porque, a pesar de su estado físico, "no ha desaparecido el riesgo de fuga ni de reiteración delictiva". Por ello, se oponen a que sea trasladado a su casa con vigilancia policial, una medida que había solicitado el fiscal.

Los magistrados sí que atendieron los argumentos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que reclamó el mantenimiento de la situación de prisión y la obligación de la alimentación forzosa. El pleno apoyó esta petición porque cree que la situación de internamiento de De Juana "no entraña grave riesgo para su salud", sino que el riesgo se debe a "su voluntad de no comer, lo que es muy distinto".

Para estos jueces, la salud de De Juana no se ha deteriorado por estar en la cárcel ni se le ha detectado una enfermedad sobrevenida o terminal como un cáncer o sida. Los magistrados entienden que el agravamiento del etarra ha sido "autoimpuesto" por él mismo y que De Juana decidió por su propia voluntad declararse en huelga de hambre, a pesar de que ha estado "informado en todo momento de su situación y de los posibles peligros que para su vida o integridad física se generan". Por ello, le culpan de "haberse puesto en tal situación de peligro".

Por este motivo, los jueces se niegan a aplicarle la medida legal que permite la excarcelación de los internos "cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud", según la ley. En esos casos, se puede "autorizar que el interno salga de su domicilio las horas necesarias para el tratamiento de la enfermedad".

Las órdenesLos jueces han analizado los preocupantes informes emitidos por los médicos que tratan al recluso y consideran que es necesario volver a alimentar de forma forzosa a De Juana "al existir un grave peligro para su vida". Por este motivo, ayer decidieron que se volviera a aplicar esa medida, ya que "toda actuación médica conlleva peligros, pero peor es la inactividad, no hacer nada, por cuanto la consecuencia fatal es evidente: el óbito del preso".

Pero la orden de la Audiencia Nacional llegó tarde al Hospital Doce de Octubre de Madrid. Los médicos ya habían decidido realimentar al recluso desde el miércoles dado que había perdido 10 kilos desde que, el 7 de enero, le fue retirada la sonda nasogástrica mediante la cual se le administraba la alimentación.

En estos momentos, De Juana pesa 52 kilos y su deterioro es tan evidente que fuentes médicas han señalado que el interno ya no ofrece resistencia. Los médicos desconocen la reacción de su cuerpo a esta nueva alimentación forzosa, la tercera desde noviembre. Y no descartan que el cuerpo de De Juana no resista y muera, "a pesar de los controles" que le practican.

Este debate se inició después de que la defensa del etarra pidiera al comité europeo de prevención contra la tortura que le visitara los pasados 14 y 15 de enero. Organismos de derechos humanos explican, por su parte, que si la vida de un preso llega a una situación irreversible "queda fuera de la ley" y pasa a ser un problema "humanitario".