La Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las "injustas y arbitrarias" opiniones que, a su juicio, vierte hoy "El Mundo" sobre la decisión del juez Baltasar Garzón de indagar sobre el número de desaparecidos en el franquismo.
En el acta de la Junta, a la que han asistido todos los jueces de instrucción de este tribunal excepto Garzón, los magistrados han acordado por unanimidad trasladar su queja al órgano de gobierno de los jueces porque consideran que el contenido del editorial del periódico "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales".
En el editorial, titulado "Truculenta garzonada", se afirma que la iniciativa del juez "recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940 con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931", y se califica la decisión de "puro disparate" y "despropósito".
Para los magistrados, el texto llega incluso "a poner en entredicho la integridad profesional" de Baltasar Garzón, a quien, según recoge el acta, le acusan de que "no tuvo tiempo de transcribir las cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M" o de que "es incapaz de investigar quién dio el chivatazo a los recaudadores de ETA".
"Ante el contenido de dicho editorial y con el fin de que se garantice el ejercicio de una justicia independiente, responsable y eficaz", añade la Junta de Jueces, han decidido dirigirse al CGPJ para que se haga un "expreso pronunciamiento ante las injurias y arbitrarias opiniones que se vierten en el mismo".
El juez Garzón pidió ayer al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, entre otras instituciones, que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
La petición también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificar al juez el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
El portavoz del CGPJ, Enrique López, informado por los periodistas del contenido del acta de la Junta de Jueces de la Audiencia, ha manifestado que "estamos ante una decisión jurisdiccional adoptada por un juez de instrucción y, desde ese carácter, en estos momentos es ajeno al ámbito del gobierno del poder judicial". "Sólo merece respeto cualquier decisión adoptada por un juez", ha agregado López, que ha calificado la iniciativa de Garzón como "de gran calado, de gran trascendencia social y de un interés mediático absolutamente inusual".
Si la petición entra hoy en el registro del Consejo, la Comisión Permanente del CGPJ podría estudiar el asunto en su reunión de mañana.
