El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha recurrido a las auditorías externas para fiscalizar los proyectos inmobiliarios municipales gestionados por la empresa Gramepark, tras ser citados en el auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Hasta el momento, y tal y como contempla la ley, el consistorio auditaba de manera interna y de forma "aleatoria" los proyectos municipales una vez ejecutados (a posteriori), según han confirmado fuentes del consistorio a Efe.
A raíz del auto de Garzón y como "medida cautelar", el ayuntamiento ha encargado la refiscalización de los proyectos adjudicados a Gramepark a una consultoría externa, que está estudiando excepcionalmente la adjudicación desde los inicios del proceso (a priori). El proceso de la auditoría se encuentra, según las mismas fuentes, en un estado "avanzado". Gramepark S.A., presidida por el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, encarcelado por orden de Garzón, fue registrada por orden del juez al sospechar que era utilizada por la trama corrupta de la operación Pretoria para la adjudicación de obras y servicios.
Precisamente, Garzón investiga varias actuaciones inmobiliarias relacionadas con Gramepark, como el Mercado del Fondo de Santa Coloma -un edificio de tres plantas aprobado en octubre de 2007-, el proyecto del aparcamiento del Fondo y unas guarderías, así como la vinculación de Gramepark con la empresa Proinosa, presidida por el también implicado Josep Singla, e impulsora del proyecto "Cubic". El equipo de gobierno del ayuntamiento ha enviado hoy un comunicado a los trabajadores del consistorio y a las empresas y organismos municipales, en el que les pide "la máxima colaboración y disposición" con la justicia en la resolución de la operación Preotria
