El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. El manido adagio, atribuido al historiador Arnold J. Toynbee, viene a cuento ante la inminente apertura de un proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA, el tercero desde la transición democrática. Porque, mientras ahora Mariano Rajoy solo acepta que el Gobierno mantenga un encuentro con la banda para exigirle la rendición, en 1999 el Gobierno de José María Aznar pidió una segunda cita a ETA después de que en la primera no solo rechazase deponer las armas, sino que condicionase la tregua al inicio de una negociación política.

Según el presidente del PP, con ETA "solo se puede hablar de ETA y de cuándo y cómo deja las armas", misión que, a su juicio, precisa una sola reunión con la cúpula etarra. "A lo único a lo que he autorizado a Zapatero es a mantener una reunión, como hicimos nosotros en la tregua anterior, para ver si ETA realmente quiere dejar las armas", ha dicho Rajoy. Pero, siendo cierto que hubo un solo encuentro con la banda, la verdad es que Aznar intentó repetirlo.

ESCEPTICISMO Y AUDACIA La gestión del alto el fuego que ETA decretó en 1998 fue un verdadero quebradero de cabeza para Aznar y sus colaboradores, que oscilaban desde el escepticismo de Jaime Mayor Oreja hasta la audacia de Josep Piqué y el sociólogo Pedro Arriola, partidarios de hacer gestos de distensión para consolidar la tregua.

El anuncio les cogió por sorpresa, y tardaron varios meses en establecer comunicación con la banda. Primero lo intentaron a través de Herri Batasuna, sin éxito. Y a principios de 1999, gracias a la mediación del obispo Juan María Uriarte, contactaron con el número uno de ETA, Mikel Albisu, alias Mikel Antza.

La primera y única entrevista tuvo lugar el 19 de mayo de 1999 en Zúrich (Suiza). Los comisionados de Aznar fueron Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Flux y Arriola; los representantes de ETA, Mikel Antza, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalba. Según el acta levantada por esta última --luego confirmada por el Gobierno--, ETA advirtió de que el alto el fuego estaba "condicionado a la aceptación por parte del Estado español del derecho de autodeterminación que le corresponde a toda Euskal Herria". A lo que los representantes del Gobierno respondieron que Aznar no tenía "capacidad legislativa" para reconocer tal derecho.

Paz a cambio de una negociación política. Así estaban las cosas cuando, a final de junio, ETA anunció por carta a Aznar que daba por rotos los contactos, reprochándole que hubiera divulgado la entrevista. De acuerdo con las líneas rojas ahora establecidas por Rajoy, el presidente debería haber desistido del diálogo tras constatar que la organización terrorista no estaba dispuesta a deponer las armas sin obtener contrapartidas políticas. Pero Aznar hizo todo lo contrario.

Piqué, entonces ministro portavoz, aseguró que el Gobierno estaba "absolutamente dispuesto" a retomar el diálogo con ETA. Como gesto de buena voluntad, el 7 de septiembre el Ejecutivo mudó a cárceles próximas al País Vasco a 105 presos etarras, uno de cada cuatro miembros de la banda recluidos en España. Meses antes había llevado a la península a otros 25 etarras, con lo que los traslados llegaron a 130. A ello hay que sumar la excarcelación, con terceros grados, de una docena más de etarras.

En octubre de 1999 Aznar propuso por carta a ETA celebrar un segundo encuentro, "en los mismos términos" que el primero. El objetivo del presidente era lograr una "tregua indefinida", y ofrecía "una reorientación de la política penitenciaria". Una posibilidad de la que ahora Rajoy, en la oposición, no quiere ni oír hablar hasta que ETA "deje definitivamente las armas" y "anuncie su disolución".