Cuando, en diciembre del 2019, Podemos despidió por burofax a José Manuel Calvente, su jefe jurídico, y a dos colaboradores, la cúpula del partido desguarnecía su flanco más débil. Una acusación de acoso sexual y laboral lanzada por la letrada de Podemos Marta Flor, cercana a Pablo Iglesias, sonó como explicación para el despido, mientras el acusado, Calvente, contestaba donde quisieran oírle que en realidad se le echaba por percibir mal olor en las cuentas del partido.
El pasado 29 de julio la acusación de acoso se archivó por falta de pruebas y, 13 días después, el supuesto objeto de investigación de Calvente se abre paso en un sumario del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.
El joven letrado que hace seis años se unió a Podemos tras vivir el 15-M en la plaza de Catalunya se ha convertido ahora en el acusador más documentado, y el más enconado, contra el partido. En el reparto de asuntos de los juzgados de la madrileña plaza de Castilla, su denuncia -señalando en primer término a la gerente de Podemos, Rocío Esther Val- fue a parar a la planta sexta, donde tiene plaza un magistrado polémico para la izquierda.
El juez Juan José Escalonilla Morales ha archivado ya dos veces una causa por delito de odio a Manuela Carmena. No vio quebranto de la ley en frases como «es terrible que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros» o epítetos como «vejestoria despreciable» con que en 2018 la tildaban unos policías en un chat contra la entonces alcaldesa de Madrid.
Es probable que antes del 20 de noviembre -día que Escalonilla ha fijado para que declaren como imputados tres directivos de Podemos- la formación lo recuse bajo el argumento de que ha emprendido una causa general antimorada.
