La defensa de Francisco Camps consiguió ayer ampliar su margen de maniobra después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) José Flors, que investiga la rama valenciana del caso Gürtel --una red de corrupción vinculada al Partido Popular--, aceptara aplazar un día la comparecencia del jefe del Ejecutivo valenciano. De este modo, Camps no será hoy el primero en declarar tal y como estaba previsto. Lo hará mañana, y con ventaja, puesto que su hombre de confianza, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ya se habrá enfrentado antes a las preguntas del juez.

Tanto Camps como Costa deberán responder a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de aceptar regalos, trajes en concreto, a cambio de adjudicar contratos de la administración autonó- mica a las empresas de la trama de Francisco Correa, en prisión desde febrero. Por ese mismo delito están imputados otros dos altos cargos del Gobierno valenciano: el exvicepresidente del Consell, Víctor Camps, y el exjefe del gabinete de la Consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

Entre los cuatro, según Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel , habrían recibido 34.908 euros en vestuario confeccionado en las tiendas Milano y Forever Young, en Madrid, a cambio de favorecer a la empresa creada por Correa en Valencia, Orange Market, cuyo responsable es Alvaro López, alias El bigotes , amigo de Camps e imputado por Garzón y por el magistrado del TSJCV, que lo ha llamado a declarar mañana, dos horas después que al jefe de los conservadores valencianos y un día antes que al sastre de todos ellos, José Tomás, que acudirá ante el juez en calidad de testigo.

Pero aún hay más novedades. El juez Flors decidió ayer llamar a declarar a todas las personas que han autorizado contratos entre la Generalitat valenciana y la empresa Orange Market, así como a todos aquellos que han formado parte de las mesas de contratación. Otra decisión del juez fue ordenar que se practique una prueba pericial contable. Con ella trata de averiguar algo que la oposición en el Parlamento valenciano lleva pidiendo desde que se conoció la implicación de Camps: saber la cantidad y la cuantía de los contratos que el Gobierno autónomo ha firmado con las empresas de la trama.

LA OFERTA MAS CARA Según Garzón, el 70% de la facturación de Orange Market procede de la Consejería de Turismo, para la que durante cinco años realizó el pabellón de Fitur, por un mínimo de un millón de euros en cada edición, la oferta más cara de todas las que se presentaban al concurso. Este fue el único dato confirmado en principio por el Gobierno valenciano, que negó que hubiera más relación con la compañía investigada. Sin embargo, días después, el Ejecutivo de Camps tuvo que admitir que la empresa del Bigotes , con cuatro trabajadores en plantilla, había cobrado más de 500.000 euros por organizar la inauguración de la Vuelta al Mundo de Vela en Alicante.

La oposición ha denunciado "la falta de transparencia" y la "opacidad" del Gobierno auto- nómico en lo que respecta a sus contratos con la firma Orange Market, y asegura que la firma ha facturado al Consell y al PP más de ocho millones de euros.

HOMENAJES Camps dice que tiene unas "ganas locas" de defenderse ante el juez, pero por ahora su abogado, Javier Boix, no ha hecho más que retrasar su declaración. Primero, intentó sin éxito anular las actuaciones de Garzón; ahora, ha ganado un día alegando que hoy tiene que estar presente en otra declaración fijada anteriormente.

Entretanto, el presidente valenciano va de homenaje en homenaje como un cantante camino de su retirada. Ayer, en dos actos públicos preparados para la ocasión, recibió el respaldo y la ovación de numerosos altos cargos y allegados.