Cuando la máquina de la justicia se pone en marcha, no hay quien la detenga, dice un viejo dicho en el mundo judicial. El PSOE lo comprobó en la década de los 90 cuando fueron condenados a penas de cárcel Luis Roldán y otros implicados en escándalos de corrupción como la trama Filesa , así como los acusados en el caso GAL .
Ahora le ha llegado el turno al PP. A pesar de sus acusaciones de persecución y conspiraciones varias, lo cierto es que los jueces continúan recibiendo datos que desentrañan diversas tramas de corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el de la Comunidad Valenciana y el Supremo cuentan ya con un nuevo informe policial que apunta a una posible financiación irregular del partido que dirige Mariano Rajoy. El sábado pasado, la dirigente socialista Elena Valenciano insinuó que la investigación policial y judicial apunta en este sentido y relacionó esos datos con la campaña de acoso y derribo del Gobierno y de las instituciones del Estado que ha puesto en marcha este verano el PP. El juez de Madrid Antonio Pedreira también ha recibido nuevas informaciones contra alguno de los implicados en el caso Camps , según afirman fuentes de la investigación en un informe policial remitido el 31 de julio.
Secreto de sumario
Ahora tendrá que decidir qué hace con ellas, aunque lo lógico es que se las haga llegar a sus colegas valencianos que el 3 de agosto cerraron el caso de los trajes, en el que estaban implicados el presidente valenciano, Francisco Camps, y otras tres personas. También tendrá que decidir si mantiene o no el secreto sumarial que pesa sobre la trama Gürtel desde febrero. Además, es posible que el Congreso y el Senado reclamen más datos del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino cuando tramiten los suplicatorios presentados por el Tribunal Supremo.
Por su parte, el juez de Palma José Castro se acerca cada vez más al expresidente balear Jaume Matas. Ayer interrogó durante dos horas a su jefa de Gabinete en el marco del caso Palma Arena , un velódromo que costó casi 100 millones de euros cuando estaba presupuestado en 48. Matas dice que quiere declarar. El magistrado le oirá cuando tenga claro qué pasó.
