Cumbre por todo lo alto de las administraciones catalanas para buscar alinearse en pos de una solución óptima para la acogida de los refugiados de huyen de una Siria en guerra con los resultados esperados: la cuestión no depende de las administraciones catalanas. De ahí se deriva que el Ayuntamiento de Barcelona, el Govern (representado por varias ‘conselleries') y las diputaciones provinciales hayan coincidido una vez más en criticar el “bloqueo” que realiza el Gobierno del Estado pese a la predisposición y los recursos que las administraciones catalanas vierten para hacer posible la acogida de miles de inmigrantes en Cataluña. Tanto es así que, tal y como ha advertido la alcaldesa barcelonesa, Ada Colau, “si el Gobierno prosigue con su inacción” las administraciones catalanas “denunciarán el Estado a Europa”.

La propia Colau tendrá, el próximo martes, una ocasión que ni pintada para sacar los colores al Ejecutivo de Mariano Rajoy en Bruselas. En el seno de una reunión que mantendrán varios comisarios europeos, entre ellos el de Inmigración, con los alcaldes de 10 ciudades europeas, Barcelona, junto con Berlín, Atenas, Amsterdam y Helsiniki, entre ellas.

Con todo, la propia Colau fue más allá, y tras partir de la base que la acogida a refugiados de guerra y políticos es una obligación explicitada por las Naciones Unidas, la alcaldesa ha insinuado que, llegado el caso, se podría recurrir, incluso, a altas instancias judiciales y penales en contra del Gobierno hoy en funciones.