El PP sabe mucho de complots. Desde el 31 de julio del 2006, día en que recurrió el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, ha seguido una estrategia destinada a dinamitar el alto tribunal. El partido que dirige Mariano Rajoy ha empleado todo tipo de artimañas para eliminar a los magistrados favorables a la Carta Magna catalana y ganar en los tribunales lo que perdió en el Parlamento autonómico.

El dirigente popular Federico Trillo dirige esta estrategia. El PP recusó al magistrado Pablo Pérez Tremps por haber escrito, antes de llegar al tribunal, un artículo sobre el Estatuto. El pleno del Constitucional le echó de las deliberaciones por 6 votos a cinco. Por ello, el partido de Rajoy recusó después a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas. La Generalitat replicó con la recusación de uno de los hombres fuertes del PP en esta sede, Roberto García Calvo. Ambos incidentes fueron rechazados.

Sin embargo, el PP volvió a la carga y con la excusa de la reforma de la ley del Constitucional, que permitía la ampliación del mandato de Casas, lanzó una triple recusación contra jueces progresistas. El Gobierno contraatacó con la recusación de dos conservadores. El PP perdió. Estos incidentes impidieron al Constitucional ponerse manos a la obra sobre el Estatut hasta el 17 de diciembre del 2007.

Para entonces, el Constitucional estaba ya herido. Los jueces progresistas pedían sentido de la responsabilidad al PP, mientras estos seguían en sus trece. El fallecimiento de García-Calvo tranquilizó temporalmente los ánimos. Ahora, la batalla se ha recrudecido ante el inminente fallo del Estatut. No importa que el tribunal esté en funciones desde hace dos años ni que esté en juego el mapa autonómico. Lo importante para el PP es ganar.

Presión "intolerable"

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, calificó ayer de "intolerable" cualquier presión al Constitucional. Chaves se manifestaba así después de que el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, instará a la población a manifestarse en defensa del Estatut y contra la autoridad del Constitucional para recortarlo. "No es de recibo que se pretenda, por parte de algún partido político, montar una manifestación previa a la sentencia. Eso es una intolerable forma de presión", dijo Chaves.