"La imaginación y la inteligencia del señor Roca van por delante del legislador y superan con mucho la inventiva de los redactores de los tipos penales". El juez instructor de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Angel Torres, no oculta en un auto su admiración por la forma de actuar del considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Los 150 días transcurridos desde su ingreso en prisión han permitido conocer cómo fraguó una red a la que pagaba para llevar a buen puerto sus negocios inmobiliarios y amasar una gran fortuna.
La investigación ha puesto al descubierto no solo que Roca "era el Ayuntamiento de Marbella", un poder en la sombra al margen de los procedimientos democráticos, sino que diversos estamentos sociales de la ciudad aceptaban esa premisa y se beneficiaban de ella.
Las dos fases de la operación policial, iniciada el 29 de marzo, se han saldado hasta el momento con la detención de 62 personas, entre ellas la entonces alcaldesa de la localidad marbellí, Marisol Yagüe; ediles como Isabel García Marcos y el exfutbolista Tomás Reñones, o empresarios y abogados de renombre. Varios de ellos, incluidos los considerados testaferros de la trama, han vuelto estos días a declarar, manteniendo que desconocían lo sucedido o reconociendo los pagos a Roca.
"Testaferros políticos"
Los nombres de los arrestados coincidían con las iniciales que aparecían en agendas personales de Roca y en la contabilidad intervenida en la empresa Mara Asesores, centro neurálgico de la trama. Según el juez, Juan Antonio Roca utilizaba a su antojo tanto al consistorio como a sus concejales para sustentar sus negocios "despreciando el interés general". Para ello, según el magistrado, "no duda en comprar voluntades de los ediles, que aprueban sin más, como consecuencia de las cantidades recibidas, lo que él negoció". El magistrado llega a calificarlos como "sus testaferros políticos".
Varios exconcejales han confirmado que los ediles recibieron hasta 4 millones de euros de una decena de constructores, dinero que en algunos casos (García Marcos, Reñones, o los también exediles Carmen Revilla, Rafael González y Victoriano Rodríguez) apareció en sus propias casas, en sobres y bolsas.
Pagar y eludir las normas
El testimonio de estos ediles y el de los empresarios permiten establecer la forma de actuar de Roca. Promotores y constructores pagaban para transgredir las normas urbanísticas, adquiriendo suelos municipales a precios mucho más bajos, recalificando lo imposible o multiplicando la edificabilidad. A modo de "estímulo-respuesta", al día siguiente de los pagos se concedían los permisos.
Es aquí cuando entran en juego los concejales e incluso el jefe de la policía local, que reciben una cantidad para aprobar los acuerdos o hacer la vista gorda. Un ejemplo: Julián Muñoz habría recibido 150.000 euros por aprobar una permuta de terrenos municipales a favor de una empresa de Roca. Esta adquirió una parcela valorada en 1,5 millones de euros a cambio de un terreno tasado en 30.000.
No todos cobraban igual, y Roca incluso estableció una jerarquía entre los ediles, encabezada por Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y el exandalucista Carlos Fernández. Todas las cantidades eran anotadas bajo el concepto de "contabilidad general" como "aportaciones", "salidas" y "gastos propios".
Unos concejales admiten que los hasta 240.000 euros cobrados eran un regalo por votar "lo que venía de Urbanismo", mientras otros dicen que eran anticipos de sus retribuciones en los consejos de administración de las sociedades municipales. García Marcos aseguró que 385.000 euros eran fruto de regalos por su matrimonio.
Los promotores, por su parte, alegaban ante el juez que eran pagos "completamente legales" destinados al ayuntamiento acordados de forma previa en convenios urbanísticos diversos. Así, según la investigación, y aunque apareció por el ayuntamiento a comienzos de los 90, con la llegada de Jesús Gil, solo entre el 2004 y el 2005 Roca podría haberse quedado con el 80% de los 30 millones de euros que cobró en comisiones.
Actuación directa
En sus últimos años en el consistorio dio un paso más allá. Junto al empresario granadino José Avila Rojas --uno de sus íntimos amigos-- y a través de sus testaferros, creó sus propias empresas promotoras para vender viviendas en la Costa del Sol.
Incluso llegó a pensar en acabar con los pagos mensuales a los miembros de la corporación municipal, tanteando entre los empresarios "pagadores" el nombre de un nuevo alcalde para las municipales que se acomodase mejor a sus intereses.
Las quinielas sobre quiénes serán los siguientes llamados a declarar son el deporte local en la Costa del Sol. El análisis de la documentación intervenida y las declaraciones de los 62 detenidos ya dio pie a nuevos arrestos en la segunda fase que seguirán en próximos días.
