El Congreso vuelve a arrinconar al PP. Se materializa la amenaza, eso sí, sin la presencia de Mariano Rajoy, que ha abandonado su escaño cuando ha comenzado el debate. Ajeno a su ausencia, el Congreso ha aprobado llevar al Tribunal Constitucional (TC) el conflicto de atribuciones para forzar al Gobierno a someterse al control parlamentario a pesar de estar en funciones. La decisión ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, salvo el de los populares y de sus socios de UPN (218 síes, 113 noes y 4 abstenciones).

Con esta decisión, que se apoya en los artículos 73 y 74 de la ley orgánica que regula el TC, se inicia el procedimiento, con la petición formal al Gobierno para que modifique su negativa a comparecer. A partir de ahora, el Ejecutivo tiene dos opciones: cambiar de opinión y aceptar que los grupos le sometan a sesiones de control, o bien negarse. Si la respuesta es un "no" o ha transcurrido un mes y se mantiene en silencio, los servicios jurídicos de la Cámara llevaran el caso ante la justicia. Aunque las Cortes se lleguen a disolver por la convocatoria de unas eventuales nuevas elecciones, el procedimiento ante los tribunales no resultaría afectado y continuaría adelante. Para los que defienden que el Gobierno sea controlado el hecho es significativo, más allá de cuándo se produzca la respuesta del TC, puesto que senta precedentes y constituye jurisprudencia para la administración central y también para los parlamentos autonómicos.

'LA DEMOCRACIA NO ESTÁ EN SUSPENSO'

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo se someta a iniciativas de control, aunque sus competencias estén limitadas. "La democracia no está en suspenso porque el Gobierno esté en funciones", ha señalado Hernando. Ciudadanos ha apelado a la separación de poderes y Podemos ha advertido del riesgo que implica que el Gobierno eluda dar explicaciones. "Antisistema no son los que llenaron las plazas. Son los poderosos sin control alguno", ha alertado el portavoz morado, Íñigo Errejón. "Confíen en la democracia y dense una oportunidad para terminar su mandato con dignidad", ha recomendado.

Democràcia i Llibertat también ha exigido que el gabinete de Rajoy se someta al control, puesto que considera que las decisiones políticas que tome, "deben ser endosadas por el Parlamento, que está en plenitud de sus funciones". El portavoz Jordi Xuclà ha argumentado que algunas de esas determinaciones tomadas por el Ejecutivo no corresponden a una administración ordinaria ni a unas competencias recortadas y ha pusto como ejemplo la reciente regulación de los caudales del río Ebro.

ERC ha acusado a Rajoy de tratar de imponer una "democracia 'low cost'" -de bajo coste- con su negativa a dar explicaciones en el Parlamento.

El PP ha defendido la negativa a someterse al control y ha acusado al resto de grupos políticos de abrir un conflicto institucional cuando deberían estar priorizando resolver la gobernabilidad. José María Bermúdez de Castro ha justificado que el 'expresident' Artur Mas tampoco compareció mientras estaba en funciones al frente de la Generalitat. "Un Gobierno en funciones ni puede ni debe estar sometido al control de la Cámara", ha zanjado el diputado popular.