El Pleno del Congreso de los Diputados convalidará mañana el real decreto-ley sobre la reforma de las políticas activas de empleo, que previsiblemente se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas al texto del Gobierno. A favor del real decreto-ley "de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo" votarán los grupos parlamentarios del PSOE, CiU -que quiere que se incorporen políticas específicas para autónomos y discapacitados- y CC, según explicaron a Efe fuentes de esos partidos. Al PP, en principio, "no le gusta" el real decreto-ley y no está previsto que lo apoyen porque "no soluciona la búsqueda de empleo", según la portavoz adjunta de Economía en el Congreso, Fátima Báñez. El PNV baraja como "mejor opción" la abstención, según dijeron a Efe fuentes de este grupo parlamentario IU-ICV se pronunciará en contra, mientras que su socio de grupo, ERC, se decantará previsiblemente por la abstención. También votará en contra el BNG, adelantó a Efe la diputada de esta formación Olaia Fernández. En la reforma se contempla la creación de un fondo de reserva para dar una mayor respuesta a futuras situaciones de alzas del paro, dar una atención individualizada a los desempleados, fomentar la cultura emprendedora y reforzar los servicios públicos de empleo. El fondo de reserva nacerá sin dotación, porque como ha explicado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la intención es que se dote de eventuales excedentes de los servicios públicos de empleo. Debido a que en los dos últimos años el incremento del paro ha hecho que el sistema haya necesitado el apoyo del Estado, es por lo que el fondo se crea sin dotación, según Gómez. En cuanto a la atención personalizada de los parados lo que se pretende es que cuenten con un itinerario que les permita volver a recolocarse. El objetivo es que en 2013 todos los desempleados cuenten con ello, pero entre tanto la meta fijada para 2011 se beneficien de esta iniciativa cerca de 2 millones de parados (jóvenes, de larga duración, mayores de 45 años o provenientes de los sectores de la construcción o el textil). A cambio de recibir esa atención personalizada, que en la reforma se considera un derecho, deberán participar en las acciones formativas que les diseñen los 3.000 orientadores con los que contarán los servicios públicos de empleo.