El Congreso inicia hoy los trabajos para la reforma de sus normas de funcionamiento, anticuadas y poco ágiles, con el objetivo de acercar la Cámara Baja a los ciudadanos, en un momento de descrédito de la llamada clase política, y con el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales como telón de fondo.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha convocado para este mediodía la Comisión de Reglamento -que él mismo preside- para fijar un calendario de reuniones en las que los diferentes grupos políticos puedan ir haciendo sus aportaciones al texto.
Prácticamente todos los grupos políticos coinciden en que el actual reglamento, vigente desde 1982, ha quedado desfasado y es poco flexible, y que es necesario adaptarlo a los nuevos tiempos, aunque discrepan de las fórmulas.
Ya el pasado mes de noviembre, el PP y la Izquierda Plural pactaron una moción dirigida a impulsar medidas de regeneración democrática en el Congreso, que se plasmaron después en una resolución aprobada por unanimidad en el pasado debate sobre el estado de la nación.
Entre estas medidas para mejorar su funcionamiento y su apertura a la sociedad, los grupos acordaron regular los grupos de intereses o "lobbies", aplicar a los diputados las normas de transparencia, con especial atención a la publicidad de actividades, bienes y declaraciones tributarias y la puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
Meses antes la Izquierda Plural había presentado al resto de grupos un documento con nueve propuestas como el impulso de la Comisión de Peticiones y la reforma de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reducir el número de firmas o que sus impulsores puedan defenderla en la tribuna.
También planteaba medidas de apertura interna del Parlamento, de modo que la mayoría absoluta no pueda vetar comparecencias del presidente del Gobierno ni debates sobre el estado de la nación, ampliar el papel individualizado de los diputados en las comisiones y modificar los cupos de iniciativas de la oposición.
Uno de los asuntos espinosos que ya frustró el último intento de reforma en el año 2007 fue el uso de las lenguas cooficiales en las sesiones del Congreso.
Buena prueba de que los grupos nacionalistas intentarán reclamarlo de nuevo es la expulsión de la tribuna la semana pasada de los tres diputados de ERC por dirigirse a la Cámara en catalán, en protesta por la reciente sentencia sobre la enseñanza en Cataluña.
De forma paralela, el Senado también tiene en marcha una ponencia para la reforma de su reglamento a fin de reforzar las competencias de la Cámara alta.
Los grupos del Senado quieren convertir la institución en Cámara de primera lectura en la tramitación de las normativas de marcado carácter territorial así como las relacionadas con la financiación autonómica o los estatutos de autonomía.
El acuerdo supondría inevitablemente reformar la Constitución, que concede al Congreso de los Diputados la condición de Cámara de primera lectura de las leyes, una reforma a la que parecen estar dispuestos los senadores.
