El 10 de noviembre de 1998, el Congreso aprobó por unanimidad instar al Gobierno a desarrollar mediante la negociación con todas las fuerzas políticas "una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la violencia". Entre líneas se podía leer acercamiento de los presos etarras al País Vasco, concesión del tercer grado penitenciario y libertad para reclusos con enfermedades incurables.
Unos meses más tarde, el 15 de junio de 1999, el pleno del Congreso volvía a aprobar por unanimidad una moción instando al Gobierno de Aznar a "culminar" esa política penitenciaria.
