La insistencia del PP en sus acusaciones sobre una presunta persecución del Gobierno, con algunos medios de comunicación como correa de transmisión, ha llevado a la presidencia del Congreso a extremar la prudencia con motivo de la tramitación del suplicatorio del Supremo para levantar la inmunidad al diputado popular Jesús Merino por su presunta relación en la trama de corrupción del caso Gürtel.
La cuenta atrás del proceso, que se resolverá en un plazo máximo de 60 días, se inició ayer con la aceptación por parte de la Mesa del Congreso de su tramitación. El próximo martes se reunirá por primera vez la Comisión del Estatuto del Diputado, formado por todos los grupos parlamentarios, que tiene 30 días para emitir un dictamen al respecto, sobre el que se basará la votación definitiva en el pleno de la Cámara.
Para evitar que la petición del suplicatorio, que recoge toda la información sobre la investigación, se filtre a la prensa, el presidente de la comisión, el socialista Francesc Vallés, ha decidido junto al presidente del Congreso, José Bono, prohibir que se hagan copias del documento, que hasta ayer estaba encerrado, por decisión de este último, en la caja fuerte de la sede de la Carrera de San Jerónimo.
Los diputados (uno por grupo) podrán consultar el documento --previa petición-- mientras duren las sesiones de trabajo para respetar su derecho al libre acceso a la información. Pero tal y como explicó Vallés, se velará al mismo tiempo por el mantenimiento del secreto de sumario decretado por el Supremo y, sobre todo, por que el proceso sea "respetuoso" con la presunción de inocencia de Merino.
Una decisión poco habitual que persigue, esencialmente, guardar las formas, ya que es evidente que las transcripciones del texto que hagan los diputados podrán acabar igualmente en las redacciones de los medios.
