El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar a Argentina la extradición de 40 represores de la dictadura (1976-1983), entre los que destacan el exjefe de la Junta Militar Jorge Videla, Emilio Eduardo Massera y Alfredo Astiz. Casi la mitad de ellos están siendo procesados en su país tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que se presenta muy complicada su extradición. Del resto, los que se encuentran en libertad, que son la mayoría, podrían ser enviados a España.
El Consejo de Ministros tomó la decisión en cumplimiento de la sentencia del 31 de mayo del 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En una nota informativa, el Gobierno recuerda que el Ejecutivo de José María Aznar acordó en agosto del 2003 no continuar el procedimiento de extradición de los cuarenta represores. IU- ICV y Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura argentina, presentaron un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión, que fue resuelta en el 2005 por el Tribunal Supremo.
REACCIONES En Buenos Aires, la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, agradeció, en declaraciones a Europa Press, el apoyo de España, pero consideró escasas las posibilidades de extraditar a los represores más destacados, porque ya están siendo juzgados en Argentina.
